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En el Día de la Industria, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, sostuvo que los esfuerzos del Estado para frenar el contrabando y la corrupción son “claramente insuficientes”, porque “hay temor a tocar intereses de los grandes contrabandistas, con tentáculos en todos los estamentos del poder y (...) también en el lado más oscuro y avaro de organizaciones que lejos están de ser empresariales”. El coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, el Combate y la Represión del Contrabando (UIC), Emilio Fúster, le respondió que “no existe autoridad moral por parte de nadie para hablar de contrabando”. Son gravísimas afirmaciones, que sugieren el poder de los grandes delincuentes empotrados en las altas esferas de la estructura del Estado y contra quienes, a juzgar por esos dichos, resulta imposible proceder.
Sin embargo, si se sienten aludidos, los miembros de la UIP deben saber qué actitud adoptar ante los dichos del exagente fiscal. Por de pronto, el presidente gremial hizo bien en apuntar también a los delincuentes del sector privado, que intervienen en el contrabando como autores y en la corrupción como cómplices. Sería gravísimo que lo de “nadie tiene autoridad moral” implicara meter a todos los habitantes del país en una misma bolsa infecta, de modo que es preferible evitar una interpretación literal. Sigue siendo necesario “reconstruir el tejido moral de la nación”, al decir del fallecido Mons. Ismael Rolón, pero, para ello hay que enviar a la cárcel a los contrabandistas, para cuyo efecto necesitamos de un Ministerio Público y jueces honestos y corajudos, los que a la fecha brillan por su ausencia. La Fiscalía, de hecho, parece que hace brazos caídos cuando se trata de investigar a los poderosos.
Emilio Fúster admite –¡menos mal!– que existen “problemas de contrabando”, pero pide objetividad en las críticas y señala que el actual Gobierno ha realizado “incautaciones récord” en la materia. Aunque así sea, bien puede afirmarse, a riesgo de pecar de subjetividad, que si aumentaron las incautaciones es porque también lo hicieron las operaciones delictivas: las cifras absolutas importan menos que las relativas, esto es, de las que resulten de comparar el volumen de las incautaciones y el de las operaciones ilícitas exitosas. No obstante, el coordinador ejecutivo admitió que el control resulta “dificultoso” debido a la corrupción de los funcionarios (con razón, hay tantos aduaneros millonarios), poniendo así el dedo en la llaga y coincidiendo en parte con el presidente de la UIP. Resulta claro que en un país de no muy extensas fronteras como el nuestro, la introducción o la salida en gran escala de mercaderías sin el pago de los derechos aduaneros solo es posible gracias al soborno o cohecho pasivo agravado.
El Código Procesal Penal obliga al coordinador ejecutivo de la UIC a denunciar a esos canallas ante el Ministerio Público para que este investigue y, eventualmente, los acuse, aunque tenga sus razones para desconfiar de su actuación. En efecto, hablando el último 20 de agosto del contrabando de cigarrillos, se limitó a responder con una sonrisa a la pregunta de por qué dicho organismo nada hace con relación al tema, una de las mayores fuentes del lavado de dinero, en su opinión. No pudo haber sido más elocuente, sin decir una palabra. Emilio Fúster fue agente fiscal hasta octubre de 2017, es decir, durante casi todo el Gobierno que, según dijo en su réplica, “liberaba prácticamente todas las rutas a los contrabandistas”; es presumible que sepa mucho de las instrucciones allí recibidas con respecto al contrabando, sobre todo el de cigarrillos.
Se plantea así la pregunta de quién podría combatirlos, si llegan hasta el Congreso, la Presidencia de la República, Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia, que son los organismos encargados, respectivamente, de sancionar las leyes y de hacerlas cumplir, así como de acusar y de sancionar a los infractores. Por lo demás, la gran mayoría de los funcionarios corruptos que “dificultan” el control integran, justamente, las ocho instituciones representadas en la UIC: los Ministerios de Industria y Comercio, del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, la Armada, la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional Antidrogas y el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (la cuestionada Detave).
Como todos tienen miedo a los manguruyuses que manejan el contrabando y, como reconocen las autoridades y entidades gremiales, nadie tiene el coraje para actuar, esta actividad ilegal continuará tan campante, mientras los productores de tomate, de cebolla, de pollos, y otros muchos rubros, seguirán desgañitándose para pedir que se ponga fin al agresivo ingreso de mercaderías al margen de las leyes aduaneras. No sabemos que el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, o el de Agricultura y Ganadería, Moisés Santiago Bertoni, hayan abandonado su saco y corbata para ir a reunirse con los mencionados productores que sufren a consecuencia de la actividad de los sinvergüenzas intocables, y abogar por su causa. Las afirmaciones tanto de la UIP como las del funcionario encargado de combatir este flagelo de nuestra economía dan la pauta de que se conoce quiénes son los contrabandistas y sus protectores, pero que se teme dar siquiera los nombres y, mucho menos, accionar contra ellos, mientras la Fiscalía prefiere esconder la cabeza como el avestruz. A este paso, tenemos contrabando para rato, pues ya nadie cree en promesas tales como “cortar la mano a los corruptos”, o “caiga quien caiga”.