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El 6 de junio, la asamblea general de accionistas –el Estado y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (¿?)– reeligió al presidente y le dio un plazo de treinta días para que presente a la Dirección General de Empresas Públicas, que depende del Ministerio de Hacienda, un plan de mejoras con base en las observaciones del síndico y de los auditores. No aprobó el balance general porque la Dirección citada necesitaría más datos. Es muy improbable que cuanto se le ocurra al conminado Ing. Sante Vallese, que demandó a la firma para cobrar más de 540 millones de guaraníes (75.000 dólares) como “premio” por jubilarse, sirva en verdad para eliminar las cuantiosas pérdidas, estar al día con los proveedores y los empleados y evitar la constante sangría de usuarios de la hoy ya obsoleta telefonía fija.
Entretanto, la malograda compañía busca lograr un crédito de 25.000 millones de guaraníes (3,5 millones de dólares), que espera devolver con sus ingresos (!), para cancelar deudas e invertir. Dada su pésima calificación de riesgos, solo un banco estaría dispuesto a socorrerle mediante la figura del fideicomiso, si otorgara como garantía los 4.000 millones de guaraníes mensuales (555.000 dólares) que recibe de las conciliaciones con las empresas de telefonía privadas. Lo que la ruinosa firma pretende es “ir bicicleteando”, sin más resultado que el de prolongar la agonía. Como su gravísima situación financiera tampoco sería superada si las entidades públicas abonaran lo que le deben, cuesta imaginar qué podría hacer para volverse superavitaria, habiendo perdido hace años el tren de la telefonía móvil. La tardía aventura de su satélite Vox, emprendida en 2010, ha sido un rotundo fracaso.
Ya en 2015, el Consejo Nacional de Empresas Públicas, preocupado por la poca venta de servicios y la fuga de clientes, reclamó a Copaco un plan de negocios para sanear sus finanzas y, en especial, reestructurar el área de recursos humanos, mediante un seguimiento del desempeño de cada funcionario. Es evidente que el plan falló, como fallaría el que llegue a concebir el actual presidente de la empresa que ya habría pedido el concurso de acreedores si hubiese sido privada. Sería ilusorio esperar que reduzca notablemente sus gastos de personal y que atraiga clientes mediante un servicio de telefonía fija, monopolio heredado de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco), junto con un gran plantel excedentario.
Es hora de realizar la venta total, de privatizarla de una vez por todas, porque la telefonía básica ya resulta anacrónica, porque es difícil que Vox pueda crecer considerablemente a costa de sus competidoras, y porque resulta improbable que, siendo el Estado paraguayo un pésimo empresario, Copaco imite a una operadora privada que solo contrata a personas idóneas indispensables y no a la clientela política. Hay que desprenderse de este lastre que consume recursos que bien podrían destinarse a la salud o a la educación públicas, aunque los estatistas de siempre aduzcan que sería un sector “estratégico”: otra cantilena grandilocuente para defender el prebendarismo y atacar el bolsillo de los contribuyentes.