Vicentín, una de las mayores procesadoras y exportadoras de granos y derivados de Argentina y fundada en Avellaneda (Santa Fe) en 1929, entró en cese de pagos el 4 de diciembre de 2019 y el 10 de febrero pasado solicitó el concurso preventivo de acreedores en medio de una situación que la empresa describió como de “estrés financiero”. Según el Gobierno argentino, las deudas de la empresa ascienden a unos 1.400 millones de dólares, repartidas en 2.000 acreedores.
El presidente Alberto Fernández anunció el 8 de junio su decisión de intervenir la compañía y su intención de enviar al Parlamento un proyecto para expropiar la firma, iniciativa que aún no fue remitida al Congreso y que ha generado fuertes polémicas. Pero el viernes pasado, el juez a cargo del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, impugnó la intervención decretada por Fernández y ordenó reponer al directorio de la empresa.