Durante la audiencia, los representantes de la Procuraduría General argumentaron sobre las peligrosas consecuencias que traería la huelga que planean efectuar los guardiacárceles, como amotinamientos o fuga masiva de convictos.
Sin embargo, los delegados de los funcionarios penitenciarios echaron abajo dicho argumento al sostener que “la seguridad del país no está en peligro por la huelga que ellos planean realizar sino por la corrupción de los jueces o directores de cárceles que son puestos en esos cargos”.
Les recordaron el caso del juez Néstor Arévalos Zorrilla, quien autorizó el traslado irregular del recluso Víctor Brítez Aranda, enjuiciado por tenencia de drogas, al sector La Granja, de la Penitenciaría Regional de San Pedro, así como el nombramiento de Wilfrido Quintana como director del reclusorio, recomendado por políticos.
Quintana fue director del citado presidio durante la masacre del 15 de junio pasado, que dejó un saldo de 10 muertos como derivación de un enfrentamiento entre miembros del “Clan Rotela” y “soldados” del Primer Comando da Capital (PCC).
La jueza Rosarito Montanía también solicitó informes al Ministerio de Justicia, del Trabajo y la propia Procuraduría General de la República en un plazo de 72 horas para interiorizarse de la situación actual de los reclusorios y de los trabajadores penitenciarios.