La prioridad son los internos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Por disposición de la defensora general, Lorena Segovia, los defensores públicos deben priorizar la revisión de la prisión preventiva de las personas que se encuentren en el grupo de mayor vulnerabilidad ante la expansión del covid-19.
Otra medida adoptada por la Defensa Pública es presentar al Juzgado Penal de Garantías los pedidos de libertad de los internos que ya han compurgado la pena mínima del hecho punible por el cual son investigados; además de solicitar la libertad condicional de los reclusos que hayan sido afectados por la suspensión de las salidas transitorias.
Estas medidas fueron comunicadas a la Corte Suprema de Justicia para que la máxima instancia judicial imparta una instrucción general de manera a priorizar los pedidos.
Los defensores públicos tienen tiempo hasta la fecha para informar si entre las personas privadas de su libertad a las que están asistiendo, hay quienes se encuentren en el grupo de vulnerables a contraer el coronavirus, de tal manera a acelerar la asistencia a los mismos.
A pedido de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, el pleno de la CSJ dispuso en su sesión plenaria del miércoles último, la revisión de oficio de la prisión y las condenas de los adultos mayores, enfermos vulnerables, madres y mujeres en estado de lactancia, como medidas sanitarias por el coronavirus. Asimismo, el presidente del máximo tribunal, Alberto Martínez Simón, anunció que hablará con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, para adelantar la implementación de las tobilleras electrónicas.