Tras varios meses de reclamos y denuncias por las pésimas condiciones en la que son atendidos los asegurados de IPS, las denuncias de corrupción y la escasez de medicamentos, finalmente fue cambiado Jorge Britez como presidente del Consejo de Administración de la previosional y en su reemplazo fue nombrado Isaías Fretes.
Uno de los primeros pedidos que realizó el nuevo titular de IPS fue que los consejeros pongan sus cargos a disposición, a fin de renovarlos. Por el sector de los trabajadores, quien los representa ante el consejo es Victor Insfrán. El único consejero que renunció es Gustavo González y argumentó su salida por “lealtad” a Britez.
Consultado Bernardo Rojas, presidente de la CUT-A, una de las centrales más importantes de trabajadores, sobre si es que solicitarán el cambio de Insfrán, este respondió que están conformes con su gestión.
“No nos parece prudente que pidamos el cambio del consejero porque no hablamos todavía en la mesa sindical de esto, pero yo no creo que acompañemos eso, porque según la ley, el consejero que es electo por representación de los trabajadores tiene que durar cinco años en sus funciones, es decir, igual periodo del Presidente de la República. Hasta ahora sí nos parece interesante porque es un compañero que ha prestado atención a todas las reclamaciones que hacíamos y tenemos informaciones importantes que nos pasa el consejero permanentemente sobre IPS”, aclaró.
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Cambio de personas no solucionarán crisis de IPS
Para Rojas, la crisis que atraviesa IPS en el sector de atención a los asegurados se debe a un colapso del sistema de salud nacional, ya que el problema de desabastecimiento se da en todo el país. Sostuvo que con el cambio de personas en el Consejo Directivo no se van a solucionar los problemas, ya que estos son estructurales, se debe cambiar la carta órganica de IPS.
“Se tiene que cambiar la carta orgánica del IPS, darle otro funcionamiento, otra gobernabilidad y que sus dueños naturales, los que aportan, los que ponen la plata, sean los que administren el IPS y no que nosotros ponemos la plata y después manejan los políticos y manejan como caja chica. Entonces tiene varias varias aristas que tenemos que discutir. Para mí personalmente el problema no es personal de persona. El problema es de sistema de modelo, pero a veces también hay personajes que suben como presidente y administrativamente no funcionan”, explicó.
Insistió en que el principal cambio que se debe dar es en la gobernanza del IPS, no así la filosofía de manejo que es de reparto solidario.
Incluso, recordó que hace años discuten el cambio en la gobernanza con el sector empresarial, con los gremios de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Unión Industrial del Paraguay (UIP), con quienes han llegado a cinco importantes acuerdos, pero lamentó que los empresarios muchas veces no son consecuentes con lo que resuelven, ya que cambian de parecer cuando les parece o no les conviene o no les gusta, dejando fuera de combate a los trabajadores.
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Denunció que muchos medicamentos se guardan en IPS, pero no se conoce porque. Agregó que la Carta Órganiza establecía hasta 450 medicamentos para los asegurados y jubilados, pero que eso se modificó y solo dejaron 150, eliminando sobre todo varios fármacos oncológicos.
En ocho días se reúne comisión del salario mínimo
La discusión sobre el reajuste del salario mínimo se iniciaría en ocho días más en la Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasam), según precisó Bernardo Rojas.
El presidente de la CUT-A dijo que buscan que la reunión se realizace de una manera ampliada, donde también participen la propia ministra de trabajo, Mónica Recalde, además de los tres miembros que suelen participar, y representantes de otros sectores, como de la UIP, la Feprinco y de las demás centrales obreras a fin de discutir y tomar una decisión.
Actualmente el salario mínimo es de G. 2.899.048 y para el reajuste se toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que los determina del Banco Central del Paraguay (BCP); sin embargo, representantes del gobierno y de los trabajadores coinciden en que esto no es suficientes para equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores.