La defensora general, Lorena Segovia, remitió una nota a la ministra Cecilia Pérez en la que expresa la necesidad de un protocolo de atención especial que fue considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso “Hernández vs. Argentina”, en la que se ha referido que “los estados deben proveer atención médica calificada, inclusive psiquiátrica, a las personas privadas de libertad, tanto en situaciones de emergencia como para efectos de atención regular”, según resalta la nota.
Dicha sentencia agrega que “para hacer efectivos estos deberes, son necesarios protocolos de atención en salud y mecanismos ágiles y efectivos de traslado de prisioneros, particularmente en situaciones de emergencia”, como el que se vive actualmente en Paraguay debido a los casos confirmados de covid-19.
La Defensa Pública se pone a disposición para colaborar en lo que fuera pertinente con el Ministerio de Justicia, a fin de implementar un protocolo específico de manera a proteger a las personas privadas de libertad, debido a la graves crisis penitenciaria por el hacinamiento y la superpoblación en las cárceles.