/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/AY3UMVKPCRB6DLVC6ODXRGB6FA.jpg)
Cargando...
El fiscal adjunto y director de gabinete de la Fiscalía General del Estado, Roberto Zacarías, confirmó que la acción de inconstitucionalidad se presenta cada año ante la Corte Suprema porque el Ministerio Público no se rige por la Ley de la Función Pública en el manejo de su presupuesto, debido a que es un ente autárquico funcional y administrativo.
Díaz Verón planteó la acción que será definida por la Sala Constitucional integrada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica.
El titular del Ministerio Público se alzó contra los artículos 20 y 21 de la Ley N° 5554/16, que tienen que ver con el manejo de los gastos de personal, aportes jubilatorios, bonificaciones, entre otros.
A su vez, el fiscal general accionó contra veinte artículos del Anexo A del Decreto N° 6715/2017, entre ellos el artículo 412 que establece los procedimientos para la rendición de los gastos reservados. Díaz Verón maneja más de G. 2.000 millones de manera anual y no pretende dar informaciones sobre el destino del dinero.
Asimismo, el titular del Ministerio Público ataca el artículo 87 del mismo decreto, que tiene que ver con la información que debe brindar a la Secretaría de la Función Pública en lo relacionado a los funcionarios nombrados, contratados y comisionados a otras dependencias públicas. Este sigiloso manejo es muy criticado en estos momentos por funcionarios fiscales sumariados que denunciaron que Díaz Verón instauró una “casta” de administrativos con salarios estrafalarios, a los que acceden sin concurso y de manera digitada.
También, el fiscal general atacó de inconstitucionales artículos que tienen que ver justamente con la aplicación obligatoria del Concurso de Méritos (82).
A su vez, se alzó contra artículos que reglamentan los honorarios profesionales por productos específicos (85); el programa de retiro voluntario (con sus normas y procesos establecidos en los artículos 119 y 120); el que estipula que la Ley de la Función Pública determina las formas de contratación del personal con discapacidades (125); que determina que la Secretaría de la Función Pública establece las informaciones para los concursos a través de la página www.paraguayconcursa.gov.py y contra el sistema de concurso para cargos vacantes, entre otros.
También “blinda” rendición
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, acciona también cada año para que su rendición de cuentas sea estudiada por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, lo que priva a la Contraloría General de la República de acceder a los documentos y realizar dictámenes de correspondencia.
Los cuestionamientos que hay en torno a esta práctica de “blindar” el uso del dinero público es que el Tribunal de Cuentas no tiene la capacidad técnica ni operativa para hacer estudios en forma como la Contraloría General. Además, el tribunal realiza trabajos sobre “papel” y cuando se expide se tiene ya como “cosa juzgada”, lo que imposibilita ya un proceso penal.