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Cabrera presentó acusación por los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Además, acusó por lesión de confianza.
De acuerdo a los antecedentes, el 24 de junio del año pasado, Héctor María Benítez, asesor jurídico del Ministerio de Salud, denunció que en agosto de 2012 funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) encontraron vacunas vencidas en el Centro Nacional, correspondientes a los años 2008 al 2012. Se constató en un depósito lacrado un total de 17 vacunas vencidas y en malas condiciones, escondidas bajo cajas y cartones, de forma intencional. Las vacunas fueron destruidas luego en Villa Hayes.
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción cuestiona que la acusada firmó un memorándum en el que habla de que había un stock cero de un lote de vacunas.
“Según constaba en el citado memorándum no había ya dosis de esas vacunas en existencia, cuando que en realidad en forma posterior se pudo constatar y corroborar que dichos biológicos habían vencido y estaban almacenados en una dependencia del Centro Nacional de Vacunas ya mencionado anteriormente”, dice la acusación. El almacenamiento de las vacunas que luego quedaron vencidas habría causado un perjuicio de US$ 355.161, que al momento del hecho ascendía a 1.595.228.172 guaraníes.