Fiscalía acusa a Ibáñez al probar que sus caseros cobraban en Diputados

Estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios son los cargos presentados por el Ministerio Público ante el juez Miguel Tadeo Fernández.

La acusación refiere que Ibáñez pidió la contratación de Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Patricia Falcón Valenzuela y Ever Isaac Falcón Valenzuela, para prestar servicios en la Cámara de Diputados.

Fue así que los tres fueron contratados en agosto de 2013 para prestar servicios, en carácter de auxiliar administrativo. Los servicios no se prestaron.

Esto se desprende de este párrafo de la acusación que refiere textualmente: “José María Ibáñez ha certificado documentos a través de los cuales se confirman las asistencias de las personas nombradas más arriba, quienes supuestamente estaban a su cargo, pero, según la información obtenida durante la investigación, a través de varias diligencias, se ha corroborado que estas personas trabajaban como caseros en su casa quinta ubicada en Itauguá” (siempre se publicó que fue en Areguá).

Cita el caso de Favio Gómez, cuya presencia en la Cámara Baja fue certificada por Ibáñez desde agosto a noviembre.

Sin embargo, los registros telefónicos dan cuenta que Gómez estuvo en Itauguá durante ese tiempo, según el Ministerio Público.

“Es decir que el hoy acusado asintió que Favio Gómez en dichos meses registre su entrada y salida a la institución”, dice la acusación.

Gómez se presentó a la Cámara recién el 29 de noviembre, un día después que nuestro diario destapara el caso de los caseros.

“Con relación a Viviana Patricia Falcón Valenzuela y Ever Isaac Falcón Valenzuela, ni siquiera estuvieron en la zona del Congreso entre los meses de agosto y noviembre de 2013”, dice la acusación basado en los informes de las telefónicas.

En otro punto de la acusación se menciona que tres cheques librados por el presidente del Congreso a la orden de los caseros se depositaron en cuentas de Ibáñez y su esposa Lorena Plabst.

El perjuicio al Estado es de G. 30 millones. La expectativa de pena es de hasta cinco años de cárcel, pero la ley permite que el acusado pueda evitar el juicio, mediante la suspensión del procedimiento. Para ello tiene que admitir el hecho, reparar el daño y hacer donaciones.

Otros cinco procesados

El pasado 30 de junio los caseros fueron acusados por estafa, cobro indebido de honorarios y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. La secretaria de Gabinete, María Liz Gutiérrez, fue acusada por cobro indebido de honorarios, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y frustración de la persecución y ejecución penal. La esposa de Ibáñez, Lorena Plabst, fue acusada por estafa.