Familia de presidente del CAH se beneficia con licitaciones

Juana Centurión de Cerini y César Ladislao Cerini Benítez, presidente del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).Archivo, ABC Color

La ley 2051 de Contrataciones Públicas prohíbe contratar a empresas ligadas a funcionarios públicos. Sin embargo, el mismo César Cerini, titular del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), y toda su familia, son accionistas de El Faro Industrial y Comercial SRL; y de Naipex SAECA, firmas beneficiadas con adjudicaciones del Estado.

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Según Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), César Cerini, presidente del CAH, es presidente del directorio de Naipex SAECA. Su esposa, Juana Centurión de Cerini, es la vicepresidenta, y su hijo, Alejandro Cerini Centurión, es miembro titular.

En 2018, el estatuto de la firma fue modificado “por aumento de capital social”, que al inicio, en 2014, era de G. 20.000 millones, y cuatro años después ascendió a G. 25.000 millones, según obra en documentos.

En el caso de El Faro SRL, la escritura pública indica que César Cerini cedió sus acciones (valuadas en G. 2.013 millones), además de sus derechos, a su otro hijo, Pablo Cerini Centurión, en junio de 2019. Su esposa y su suegro, Pedro Pablo Centurión, también son socios de la firma. Hasta el 2013, El Faro tenía un capital de G. 3.400 millones. En 2017, el capital subió a G. 3.810 millones y en 2018, a G. 4.026 millones.

César Cerini asumió como presidente del CAH en agosto de 2018. Sin embargo, entre ese año y el siguiente, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) adjudicó a las empresas de su familia, El Faro y Naipex, la provisión de “útiles para kits escolares”, mediante contratos plurianuales que suman más de G. 12.252 millones.

Por su parte, César Cerini confirmó que su esposa, su suegro y sus hijos son miembros de El Faro y Naipex, pero negó que él siga siendo accionista. Agregó que no existe ninguna irregularidad en los contratos de esa forma con el Estado. “Lo que las empresas no pueden es contratar con la institución donde yo estoy, eso es según lo que dice la ley. Se había hecho una consulta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Todo es como corresponde”, señaló.

(gladys.villalba@abc.com.py)

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