Esta frase ha sido la predilecta de cada ministro, embajador o funcionario de menor cuantía brasileños durante estos 46 años de vigencia del Tratado de Itaipú, con la que siempre lograron “neutralizar” cualquier reclamo paraguayo por mejorar las condiciones relacionadas con los beneficios de la binacional. Ante esta “sentencia”, cada gobierno paraguayo pos stronista, ha sido “fiel y sumiso”.
Juristas y profesionales de otras ramas de la ciencia, compatriotas y extranjeros, han llegado a la conclusión, ya hace tiempo, que el Tratado ni es justo, ni ha sido aplicado “de buena fe” por nuestro “socio paritario”, que lo ha hecho así desde los inicios de este emprendimiento, sencillamente para sacar el mayor de los beneficios, ¡y vaya que lo ha logrado con creces!
Ahora, no pienso entrar en los detalles de lo que Brasil ha conseguido con la aplicación e interpretación sesgada de este Tratado, sino básicamente traer a colación algunos acuerdos de “menor escala” (de público conocimiento), considerados “pequeños logros” para nuestro país, pero que no tienen punto comparación con lo que el país vecino ha alcanzado en todo este tiempo.
Pues bien, según los registros, en el año 2007, el gobierno brasileño de entonces, presidido por Luis Inacio Lula da Silva, planteó al nuestro, encabezado por Nicanor Duarte Frutos, colocar en operación dos unidades generadoras más en la hidroeléctrica, con el propósito de lograr una mayor generación.
La producción de los 1.400 MW de potencia de este par de turbinas serían para el mercado brasileño, pero con la eventual consecuencia de de que se iba a reducir de forma sustancial la generación de energía excedente (más barata) al que Paraguay venía accediendo desde el año 2002.
No obstante, nuestras autoridades de aquel momento aceptaron este planteamiento, pero con la condición de que se firme un “Instrumento de Compromiso”, por medio del cual Brasil le reconoció taxativamente a Paraguay el “uso prioritario” de excedentes y, en el caso de que estos falten, poder acceder a una parte de la potencia contratada y pagada por Eletrobras.
Cabe acotar que, según los documentos suscritos, este régimen debe regir hasta el 2023, cuando el Tratado cumpla 50 años de vigencia y se tenga que revisar el Anexo C del mismo.
Lo llamativo (por decir algo) del Acta Bilateral firmada el 24 de mayo pasado por el ahora destituido embajador paraguayo en Brasilia, Hugo Saguier Caballero, es que estas “migajas” conseguidas, si bien es cierto que durante un gobierno de izquierda, se quiso eliminar de un plumazo, bajo la “alta presión” del actual gobierno brasileño.
Eso hecho lo ha confirmado el también defenestrado presidente (por cinco días) de la ANDE, Ing. Alcides Giménez, quien –justificando la presión del vecino– dijo la estatal paraguaya venía “sustrayendo” (o sea, robando) la potencia contratada y pagada por Eletrobras. Afirmó, además, que el gobierno brasileño ya estaba dispuesto a someterse a ese régimen, y pretendía que la ANDE contrate mayor potencia, aún cuando esa medida le cause un perjuicio de unos US$ 350 millones hasta el año 2022.
Lo condenable de este caso es que este gobierno del Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, ahora pretende desconocer los acuerdos suscritos en el 2007 y violar ese principio que tanto han defendido y lo siguen haciendo. O sea, cuando el “perjuicio” es para ellos (que no es así, dado que se han beneficiado con dos turbinas más), pegan el “grito al cielo”. Pero, cuando el daño ha sido contra Paraguay, “lo pactado debe ser cumplido” a rajatablas.
Demás estaría decir que el Gobierno nacional no está obligado a apearse de estos acuerdos del 2007, y debería recordarle a su par del Brasil que tienen vigencia hasta el 2023, a pesar de que fueron firmados por un gobierno brasileño tildado de socialista. Si vamos al caso, el Tratado de Itaipú es producto de dos gobiernos dictatoriales y totalmente ilegítimos.