¿Por qué hacemos esta pregunta en un lindo día de feriado nacional en que honramos a los héroes de la Patria? Sencillamente porque necesitamos saber de qué lado están porque en un par de meses saldrán a prometer –como siempre– lo que a la mayoría de los candidatos no les da el cuero hacer: administrar eficiente y honestamente sus municipios para el beneficio de sus compueblanos. Algunos directamente por incapacidad y otros porque están convencidos de que esos cargos son para enriquecerse y no para servir. Ejemplos sobran en Paraguay.
Lamentablemente aún hay pocos procesos abiertos contra intendentes y gobernadores en funciones, exjefes comunales por supuestos desvíos de los fondos públicos. Pero hay.
Desde el punto de vista constitucional, en virtud del artículo 165, la Cámara de Diputados tiene la potestad exclusiva de autorizar la intervención y posterior destitución de los intendentes y gobernadores “por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”, destaca el numeral 3 del citado artículo de la Carta Magna.
Lastimosamente la aplicación de este artículo constitucional depende exclusivamente de los “pactos de impunidad” entre algunas bancadas. O felizmente estos acuerdos fueron desarmados gracias a la presión ciudadana. Aquí va el caso de la destitución de la intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod de Zacarías Irún (ANR, cartista), quien tiene ahora varios procesos junto a su marido y una investigación que ya lleva su tiempo en la Fiscalía General del Estado.
Este es uno de los grandes desafíos de la Cámara de Diputados al reinicio mismo de las sesiones: castigar o corregir el boicot de la Junta Municipal por parte de la mayoría de los concejales de partidos tradicionales. Cualquiera sea el caso, los legisladores de la Cámara Baja tendrán que resolver los pedidos de destituciones de los intendentes de Lambaré y Benjamín Aceval, Armando Gómez (PLRA, llanista) y Óscar Duarte (Patria Querida), respectivamente.
Los diputados también deberán analizar si aprueban el pedido de intervención municipal de la ciudad de Concepción, cuyo intendente es Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA), hermano del diputado Luis Urbieta (ANR, Añetete). Igualmente, estudiarán el pedido de intervención a la Comuna de Pedro Juan Caballero, administrada por José Carlos Acevedo (PLRA), hermano del diputado Robert Acevedo (PLRA).
Como vemos, los cuatro casos se refieren a intendentes opositores, pero hay dos carpetas coloradas bien pesadas que pondrán en aprietos a los 43 diputados de la ANR: la situación de sus colegas del movimiento oficialista Añetete: Miguel Cuevas (imputado) y Ulises Quintana (acusado), quienes están presos por diversas causas.
Si bien los casos de los intendentes y de los dos diputados parecen diferentes, se prestan a componendas que se traducen en la famosa frase: “Hoy por ti, mañana por mí”. Más aún en este año típicamente electoral, que movilizará a todo el país con las internas municipales simultáneas del 12 de julio y las generales del 8 de noviembre y con un condimento importante: el 12 de julio los colorados van también a las urnas para elegir al presidente de su partido, cargo que está en manos de una cartista, el diputado Pedro Alliana.