El entonces juez de garantías Óscar Delgado le había dado intervención a los dos abogados y luego se apartó de la causa por amistad con los mismos.
La entonces jueza Griselda Caballero impugnó la inhibición de Delgado y señaló que su colega debió rechazar la intervención de González Macchi y Galeano Perrone, atendiendo que el objetivo era solo apartarlo de la causa de la niñera de oro.
El expediente subió al Tribunal de Apelación en donde después de mucho tiempo se confirmó la competencia del magistrado Delgado.
La impugnación incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
Según los antecedentes, Gabriela Quintana cobró en forma indebida a Itaipú más de G. 71 millones. Fue condenada a devolver dicha suma, además de más de G. 34 millones que percibió como indemnización por su despido cuando se publicó el caso.