El Ministerio de Hacienda informó recientemente que había comenzado a utilizar sus ahorros depositados en el Banco Central del Paraguay. Esta es la primera señal respecto a lo que habíamos alertado en octubre del año pasado, cuando los parlamentarios aprobaron un incremento sin precedentes en los salarios de los funcionarios públicos. Entonces, las voces de alerta no fueron escuchadas y las consecuencias las empezamos a notar un año después.
Aquella decisión tomada por la Comisión Bicameral de Presupuesto, posteriormente ratificada por la Plenaria de las dos Cámaras del Congreso, implica aproximadamente USD 600 millones más de gastos para pagar solo esos aumentos y exclusivamente a aquellos funcionarios de la administración central del Estado, sin incluir a las entidades descentralizadas.
No había manera de que las finanzas públicas pudieran absorber el impacto de estos engrosamientos de sueldos tan desproporcionados y, consecuentemente este año, el Estado paraguayo terminará con un déficit fiscal aproximado de USD 400 millones; luego de ocho años de equilibrio fiscal, tuvo que endeudarse a través de bonos emitidos en el mercado local, así como con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, además de emplear sus ahorros para paliar este descalabro fiscal.
Lo más injusto es que todo ese dinero no podrá ser invertido en la construcción de escuelas, colegios, hospitales, rutas, puentes, viviendas, en la provisión de medicamentos, etc., que es para lo cual todos los ciudadanos de la República abonan sus impuestos todos los días.
Sin embargo, esto no es todo. El efecto negativo de la determinación tomada en octubre del 2011 seguirá observándose durante el 2013. Según nuestras proyecciones preliminares, el déficit fiscal para el próximo año rondaría los USD 500 millones, salvo que se realicen recortes drásticos en los programas de inversión pública, en los programas de transferencias condicionadas o en las transferencias a las gobernaciones y municipios. Ante esta realidad, el ministro de Hacienda está planteando la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional para enfrentar y cubrir este déficit ya emergente.
Finalmente, en algún momento del futuro, se tendrá que esbozar nuevamente una reforma tributaria, cargando con más impuestos a la gente, para responder a este déficit estructural generado con las subas salariales aprobadas en el 2011. Este es el nivel de relevancia de las decisiones políticas de nuestros parlamentarios acerca de los gastos rígidos del Estado.
Para empeorar aún más el escenario, actualmente otra vez están analizando pedidos de ampliaciones salariales del funcionariado público, las cuales en algunos casos llegan al 20 %, y se proponen regímenes de ajustes automáticos, sin considerar su repercusión en las finanzas públicas.
Ya tenemos proyectado un déficit de USD 500 millones y, como condimento, estamos en medio de campañas electorales de todos los partidos políticos. Espero que los parlamentarios sean conscientes de la responsabilidad de la que están empapados, como congresistas representantes del pueblo, y que en esta oportunidad asuman posturas teniendo en consideración el bienestar general. Veremos.
*Economista, exministro de Hacienda, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende)