La propuesta legislativa fue entregada en Mesa de Entrada de Diputados y girada a las comisiones asesoras para su estudio previo antes del tratamiento en la plenaria.
El proyecto establece pena privativa de libertad de seis a 18 meses; además, de multa de 100 a 300 jornales para los dueños de inmuebles sucios.
La iniciativa fue impulsada como una medida para contrarrestar la proliferación de criaderos de mosquitos transmisores del dengue, chikunguña y otras enfermedades.
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En el proyecto de ley se estipula la creación de una comitiva de verificación, integrada por representantes de diferentes entes.
Los fiscalizadores visitarán los terrenos baldíos y, en caso de presencia de criaderos, la comitiva emplazará al propietario a eliminar los viveros dentro de 48 horas.
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Transcurrido el plazo, la misma comitiva regresará al sitio para la verificación del predio donde se hayan detectado posibles criaderos, y en el caso de incumplimiento, se remitirá los antecedentes al Ministerio Público.