El condenado es Germán Fresneda López Altuna (48), quien fue hallado culpable por un tribunal, integrado por los magistrados Herminio Montiel (presidente), Marino Méndez y Teresita Cazal (miembros), a dos años, con suspensión de la ejecución penal, por un periodo de tres años de prueba, en cuyo plazo no podrá acercarse a la víctima en un radio de 200 metros.
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La condena es por coacción y desacato, luego que el extranjero fuera denunciado ante el Ministerio Público en el año 2020 por violación de la Ley Nº 5.777, que habla de la “protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”.
La víctima es Cynthia Erostida Ferreira Méndez, a quien el prepotente sujeto maltrataba verbalmente de manera sistemática, hasta que la mujer ya no soportó los malos ratos y decidió denunciar al sujeto ante la Fiscalía, por las constantes agresiones verbales que sufría.
En el mismo edificio donde vive la víctima, también residía el violento extranjero, que se jactaba de ser dueño de la locación, y no permitía que la denunciante siquiera reciba visitas.
Así también en varias ocasiones la denunciante fue blanco de improperios irreproducibles y denigrantes por parte del hombre, quien ni siquiera respetó una orden judicial de prohibición de acercamiento que la mujer pudo obtener en el Juzgado de Paz de Ciudad del Este.
Presentaron pruebas de la violencia
La causa fue investigada por la fiscala Rocío Celeste González, de la unidad Especializada en la Lucha contra la violencia familiar, quien presentó la acusación y el pedido de elevación a juicio oral y público.
Durante el contradictorio, una gran cantidad de testigos respaldaron la acusación presentada por la investigadora, coincidiendo en los constantes ataques sufridos por la denunciante, y que igualmente afectaron a empleados del predio y hasta a funcionarios municipales.
López Altuna tiene a cuestas otra denuncia presentada por su esposa, por un hecho de violencia familiar, acción que la afectada pretendía retirar para que el caso quede sin efecto, pese a que la legislación paraguaya no permite tal cosa y obliga a las autoridades a continuar las investigaciones correspondientes.
La víctima habría recibido fuertes presiones para retirar la denuncia presentada contra el iracundo ciudadano español.