BOGOTÁ (AFP). Los comandantes que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen con sus compromisos se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
El grupo armado comunista dejó las armas oficialmente tras firmar un acuerdo de paz a finales de 2016, pero diversas facciones no se acogieron al pacto. Se estima que quedan 1.600 miembros de estos grupos.
En un comunicado difundido ayer, el tribunal que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano dijo que la otrora organización armada ofreció en la misiva “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en varios casos.
Entre ellos el magnicidio de Álvaro Gómez, así como los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998, y del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano en 1999.
El anuncio causó sorpresa y revuelo en un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra Gómez, uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.
La justicia declaró el caso como “crimen de lesa humanidad” para evitar que prescribiera la investigación hasta hallar a los responsables.
La explosiva carta de la exguerrilla fue recibida por la jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 30 de septiembre, y está firmada por los excomandantes rebeldes Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo.
Gallo y Catatumbo representan a la antigua guerrilla en el Congreso colombiano, en escaños que asumieron como parte de los acuerdos de paz de 2016.
La que fuera la organización rebelde más poderosa de América dejó las armas y se convirtió en partido político, a cambio de someterse a la JEP.
Ahorró sangre y lágrimas, pero el acuerdo para el desarme y transformación en partido de la exguerrilla FARC, anunciado hace un año, no condujo a la paz automática para Colombia.
El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y los entonces líderes de las FARC firmaron el 26 de setiembre de 2016 un acuerdo histórico para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que dejó unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
Las difíciles discusiones se realizaron en Cuba.
El pacto previó compromisos para solucionar el programa agrario, que dio origen al levantamiento en armas de la guerrilla marxista; y enfrentar el narcotráfico, combustible de la violencia.
El acuerdo inicial fue rechazado por los colombianos en un plebiscito, por contener excesivas concesiones a la organización que durante más 50 años sumió en la violencia a toda la sociedad colombiana. El pacto fue reestudiado y entró en vigencia en diciembre de 2016.
ELN, activo
Alzado en armas desde 1964 e inspirado en la revolución cubana y en la Teología de la liberación, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la única guerrilla activa en Colombia con unos 1.500 combatientes.
La negociación de paz con este grupo son más difíciles que con las Farc por su ideología radical y la difusa estructura de mando del grupo, según el gobierno colombiano.
A 25 años del asesinato
En horas de la mañana del 2 de noviembre de 1995, en Bogotá, capital de Colombia, es asesinado el excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado. Este noviembre se cumplirán 25 años del hecho. El presidente de entonces Ernesto Samper (1994-1998) declaró el “estado de conmoción interior”. Este crimen fue caratulado por la justicia de esa década como de “lesa humanidad”.