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El tribunal avaló en los mismos términos la decisión del 5 de febrero de la jueza Alisa Carmichael, que vio “hipotética, académica y prematura” la cuestión legal sobre la competencia del Parlamento regional sobre referendos presentada por un activista escocés.
El Tribunal de Apelación sigue la misma opinión de que “la ausencia de una ley en el Parlamento, aunque haya un borrador de ley (sobre esta cuestión), no tiene consecuencia legal alguna”.
El borrador presentado a finales de la pasada legislatura por el Gobierno escocés saliente, antes de la disolución de la Cámara con vistas a las elecciones regionales de mayo, “puede ser introducido o no al Parlamento, dependiendo del futuro Gobierno que se componga”, argumentó la corte.
Otro asunto hubiera sido, a juicio del Tribunal de Apelación, si esa ley para celebrar un referéndum guardara relación con “la Unión de los reinos de Escocia e Inglaterra.”
En ese aspecto, la ley podría tener relación con “materias reservadas de la Constitución” del Reino Unido" y, de esa forma, “no sería muy difícil llegar a una conclusión, pero eso es un asunto para otro día”, señaló el auto, que además dictó que su decisión no puede ser recurrida en apelación.
El pasado 24 de enero, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) de la ministra principal, Nicola Sturgeon, presentó a su Asamblea Nacional un documento sobre sus planes para convocar otro referéndum de independencia si gana las elecciones autonómicas el próximo mayo.
El SNP, que parte como favorito para esos comicios, quiere celebrar una segunda consulta una vez pase la pandemia de la covid-19, si hay una mayoría en el legislativo de Holyrood a favor de la escisión.
De prosperar el plan, este sería el segundo referéndum de independencia, después del primero que tuvo lugar en septiembre de 2014, en el que los escoceses votaron en contra de la separación por un margen de un 10 % de los votos (55-45 %).