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El poderoso empresario Carlos Cerdas Araya, dueño de constructora MECO, una de las firmas más poderosas en la región, deberá pagar 5 millones de dólares, mientras que Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís, tendrá que cancelar 3 millones de dólares para salir de las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según informó la oficina de prensa del Poder Judicial, hasta que se haga efectivo el pago los imputados seguirán privados de libertad.
Al resto de los sospechosos, entre ellos funcionarios públicos, del caso denominado "Cochinilla" se les dictó impedimento de salida y firmar una vez al mes, mientras que al sujeto de apellidos Arce Alpízar quien figura como responsable de pagar las dádivas y sobornos tendrá monitoreo electrónico.
EL CASO
El lunes 11 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el OIJ llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
Las empresas investigadas son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales. También figura como indagado el asesor presidencial en infraestructura Camilo Saldarriaga, quien no fue detenido pero cuya casa y oficina en la Casa Presidencial fueron allanadas.
La Fiscalía describe el caso como "un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública".
La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.
El caso abarca desde el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas. El OIJ afirma que el caso involucra cerca de 120 millones de dólares.