La polémica ley antiterrorista en Senegal amenaza derechos básicos, según HRW

Según la ONG, la vaga definición de "actos terroristas" de estas leyes "podría utilizarse para criminalizar las actividades políticas pacíficas y vulnerar la libertad de asociación y reunión", y "harían a los dirigentes de asociaciones, sindicatos o partidos políticos responsables penalmente de los 'delitos cometidos' por sus organizaciones".

Igualmente, añadió que "las leyes tipifican como delito la 'incitación a otros' a perpetrar actos de terrorismo, pero no definen la incitación, lo que pone en peligro las libertades de los medios de comunicación y la libertad de expresión al proporcionar una base potencial para perseguir la libertad de expresión".

El pasado 25 de junio, la Asamblea Nacional de Senegal votó a favor de dos nuevas leyes antiterroristas para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, una decisión que ha generado mucha polémica en el país africano.

Por ello, según HRW, deberían revisarse las "disposiciones problemáticas" y garantizar que cumplen las normas internacionales de derechos humanos.

El Gobierno, que tiene mayoría parlamentaria, justifica estas leyes porque "el derecho positivo senegalés no cubre aún completamente ciertas problemáticas mayores" recogidas en resoluciones de la ONU y convenciones internacionales ratificadas por Senegal sobre financiación del terrorismo y criminalidad transnacional.

El Ejecutivo senegalés también sostiene que las leyes buscan "reforzar la lucha contra el terrorismo, la piratería marítima y la delincuencia organizada transnacional".

Por su parte, los grupos de la sociedad civil y los partidos de la oposición señalan que son muy amplias y podrían utilizarse para silenciar la disidencia, motivo por el que el pasado 30 de junio presentaron un recurso ante el Consejo Constitucional para determinar si estas leyes se ajustan a la Carta Magna de Senegal y a las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales del país.

"Aunque las autoridades tienen una preocupación legítima por la creciente influencia de los grupos armados islamistas en la región del Sahel y la amenaza que pueden suponer para Senegal, deberían asegurarse de que las leyes no se utilizan para suprimir los derechos básicos", declaró Ilaria Allegrozzi, investigadora principal sobre África de HRW.

HRW indicó que estas leyes definen como "actos terroristas", entre otros, la "perturbación grave del orden público", la "asociación delictiva" y los "delitos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación", todos ellos castigados con cadena perpetua.

Estas disposiciones se encuentran recogidas en el artículo 279-1 del Código Penal, pero con esta modificación, la redacción de ese artículo se mantiene idéntica a la aprobada en noviembre de 2016, a excepción de que se agrava la pena con una "reclusión criminal a perpetuidad" en lugar de "trabajos forzados a perpetuidad".

No obstante, en 2016, Amnistía Internacional ya denunció que las leyes que modificaron el Código Penal y el Código Procesal Penal contenían "disposiciones liberticidas" y que numerosas nociones de la definición de "actos terroristas" y las infracciones ligadas al terrorismo eran "vagas" y estaban "mal definidas".

La aprobación de estas leyes tiene lugar en un contexto de tensión en Senegal tras las violentas protestas de principios de marzo pasado después de la detención del líder de la oposición, Ousmane Sonko, en las que murieron 13 personas, según las autoridades.

Además, activistas de la sociedad civil temen que el presidente senegalés, Macky Sall, se presente a un tercer mandato, no permitido por la Constitución, en las elecciones de 2024 y que estas nuevas leyes antiterroristas se usen contra las libertades civiles.