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"Tenía cinco opciones: dimitir, levantar la voz, consentir y ser cómplice, permanecer y quedarme en silencio o permanecer y resistir", aseguró el mandatario al testificar este miércoles ante la comisión de investigación oficial creada para estudiar la presunta corrupción sistémica durante el gobierno de Zuma.
"La primera opción disponible era dimitir del Ejecutivo (donde ocupó la Vicepresidencia entre 2014 y 2018). Aunque esto me hubiera ganado las alabanzas de muchos círculos, habría impedido significativamente mi capacidad de contribuir a llevar a su fin la captura del Estado", defendió.
Esta afirmación fue uno de los argumentos clave esgrimidos por Ramaphosa al testificar hoy nuevamente en Johannesburgo ante el juez Raymond Zondo, número uno en funciones del Poder Judicial sudafricano y presidente de la denominada Comisión de Investigación del sonado escándalo conocido como la "Captura del Estado".
La comparecencia, que duró más de siete horas y continuará mañana, se centró en aclarar si el actual presidente y entonces vicepresidente sabía o tomó parte de los presuntos actos corruptos que guiaron las acciones de gobierno durante esa época, desde la designación de ministros hasta el funcionamiento de las ahora arruinadas empresas públicas.
Pese a su papel de número dos del Ejecutivo por aquel entonces, Ramaphosa negó haber tenido conocimiento o pruebas de muchas de las irregularidades que investiga la comisión y trató de resaltar sus esfuerzos para poner fin a la Captura del Estado, especialmente desde su asunción presidencial tras la dimisión forzada de Zuma en 2018.
No todas sus respuestas escudadas en el desconocimiento dejaron satisfechos a los interrogadores, pero pese a ello Ramaphosa buscó mantener un tono calmado y afable.
La citación de hoy y mañana da continuidad a otra doble comparecencia ya realizada por el jefe de Estado el pasado abril.
En aquellas jornadas, Ramaphosa llegó a reconocer, por ejemplo, que su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA, gobernante en Sudáfrica desde la llegada de la democracia en 1994), no hizo lo suficiente para combatir la corrupción rampante.
La denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el gobierno del expresidente Zuma el sistema público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines.
Esta comisión no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
El expresidente Zuma es la figura central de las acusaciones junto a tres entonces poderosos empresarios de origen indio, los hermanos Gupta, que tras la asunción de Ramaphosa huyeron de Sudáfrica y se cree que están en Dubái.
Pero Zuma, que ya tiene además otras investigaciones de corrupción abiertas, se ha negado repetidamente a comparecer ante esta comisión y alega que sufre una "persecución" por motivos políticos.
Dado que el Tribunal Constitucional determinó que las citaciones del juez Zondo a declarar son de obligado cumplimiento, el mes pasado Zuma tuvo que ingresar en prisión para cumplir una pena de 15 meses por desacato.