En una larga audiencia, la mayoría de los siete jueces del Tribunal de Apelaciones no solo coincidieron con el veredicto anterior, sino que se mostraron muy críticos con el proyecto de ley de reforma de la Carta Magna en cuestión, conocido popularmente como Iniciativa de Construcción de Puentes (BBI, en sus siglas en inglés).
Principalmente, rechazaron que el presidente Kenyatta tenga autoridad constitucional para promover este tipo de reformas como iniciativa popular, como ya había dicho el Tribunal Superior.
"La iniciativa popular no puede ser usada por el Gobierno o por los representantes del pueblo. La iniciativa popular es para los kenianos de a pie", expresaron los jueces, según recogió el portal local Nation.
El proyecto de ley, aprobado en mayo pasado por el Parlamento keniano, contaba con el apoyo de Kenyatta -que gobierna Kenia desde 2013- y del principal líder de la oposición, Raila Odinga, quienes querían someter la reforma a un referéndum.
Los cambios constitucionales incluían la restauración de la oficina del primer ministro de Kenia y de dos viceprimeros ministros, cambio que alteraría el Poder Ejecutivo, y abordaba temas como la corrupción, las elecciones divisivas o el antagonismo étnico.
Kenyatta y Odinga sostenían que la reforma acabaría con la estructura de la política actual en el país, basada en la pauta de que "el ganador se lo lleva todo" en las elecciones, que suelen provocar violencia a menudo.
La sentencia es un gran revés para Kenyatta, quien dejará el cargo, tras cumplir dos mandatos, en agosto del próximo año, cuando están previstas las elecciones generales.
El fallo, por contra, podría reforzar la suerte política del vicepresidente keniano, William Ruto, cuyos partidarios argumentan que la BBI tenía como objetivo arruinar sus esfuerzos para alcanzar la Presidencia en los comicios de 2022.
Para el vicepresidente, de la etnia kalenjin, la reforma constitucional iba a crear un sistema que permitiría a Kenyatta y Odinga, respectivamente kikuyu y luo, los dos principales grupos étnicos del país, compartir el poder.
La relación de William Ruto con Uhuru Kenyatta se fue deteriorando desde marzo de 2018, cuando el presidente y Odinga anunciaron un acuerdo para resolver la crisis política que entonces vivía el país desde las elecciones de agosto de 2017.
El acuerdo, simbolizado en un efusivo apretón de manos, se produjo tras la primera reunión de Kenyatta y Odinga desde los disputados comicios del 8 de agosto de 2017, que ganó el mandatario pero que fueron impugnados por el líder opositor, y la repetición de la votación el 26 de octubre de ese año, boicoteada por la oposición.
El líder opositor ya había rechazado los resultados de las polémicas elecciones de 2007, que ganó el presidente Mwai Kibaki, algo que derivó en una ola de violencia postelectoral en la que murieron más de 1.100 personas.
Un pacto para acabar con esa crisis condujo a un gobierno de poder compartido, en el que Odinga ejerció de primer ministro, puesto creado "ad hoc" y eliminado después en la Constitución de 2010, vigente en la actualidad.