El 25 de agosto de 2017, los militares birmanos iniciaron, en respuesta al ataque de insurgentes rohinyás, una campaña contra los rohinyás que degeneró en miles de muertos, violaciones, quemas de casas y la huida de más de 700.000 miembros de esta comunidad musulmana a Bangladesh.
"El Gobierno de Unidad Nacional está profundamente apenado por la violencia horrenda, las graves violaciones de derechos humanos y el desplazamiento masivo que los rohinyás sufrieron hace cuatro años", señaló el NUG en un comunicado.
El "Gobierno democrático", que reivindica la legitimidad para representar al pueblo birmano frente a la junta militar golpista, indicó que los mismos militares han cometido abusos y crímenes contra otras minorías étnicas y contra el pueblo birmano en general, incluida la represión tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
El NUG reiteró su intención de cooperar con la justicia internacional para investigar los crímenes contra los rohinyás, así como a reconocer la ciudadanía de esta comunidad mayormente apátrida y a facilitar su repatriación desde Bangladesh.
Más de un millón de refugiados rohinyás malviven en los mayores campos de refugiados del mundo en Bangladesh, a donde han huido en las continuas olas de represión sufridas en las últimas décadas a manos de los militares.
La ONU calificó la campaña militar 2017 de limpieza étnica y está siendo investigada por la justicia internacional por presuntos delitos como los de genocidio y crímenes contra la humanidad.
Las operaciones ocurrieron bajo el mando del jefe del Ejército birmano desde 2011, Ming Aung Hlaing, que el pasado febrero tomó el poder en un golpe de Estado y que luego ha dirigido una represión contra los movimiento de oposición con más de 1.000 muertos y 7.000 detenidos.
El diario oficialista "Global New Light of Myanmar" no ha mencionado las operaciones militares contra los rohinyás, aunque hoy ha informado de una enmienda del Código Penal que incluye el crimen de genocidio.
Precisamente de este delito están acusados los militares birmanos, incluido Min Aung Hlaing, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las campañas contra los rohinyás.