Las activistas intervinieron en un evento organizado por la Red Solidaria contra la ocupación de Palestina (Rescop), durante su visita a la capital española.
“Conocemos el sistema judicial israelí y si recurrimos el caso, no podríamos defendernos legítimamente. Nuestra estrategia pasa por contar con el apoyo de la opinión pública local e internacional, los partidos políticos palestinos y las distintas organizaciones internacionales”, explicó Francis, quien dirige Addameer Prisoner Support and Human Right Association, una organización no gubernamental que apoya legalmente a presos políticos palestinos en cárceles israelíes y palestinas.
“Israel está atacando a las oenegés, solo trabajamos buscando la rendición de cuentas para que se acabe la impunidad. Aunque nos hayan ilegalizado, esto no para, solo podemos continuar alzando la voz contra las injusticias”, añadió por su parte AlBajeh, experta legal de Al-Haq in Service of Man, organización que se define como independiente, pro derechos humanos y radicada en Ramala (Cisjordania).
En su intervención, las activistas dieron su versión sobre lo que para ellas supone la "criminalización de las organizaciones palestinas".
Asimismo, AlBajeh y Francis profundizaron en las denuncias que sus organizaciones llevaron a la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra y de "apartheid" por parte de Israel.
“Israel ha diseñado un sistema de leyes que discrimina a los palestinos, confiscan propiedades y aplican un sistema de no retorno que supone un verdadero ‘apartheid’, (…) apoyados en la división territorial y dificultando nuestras vidas, fomentando el éxodo palestino”, argumentó AlBajeh.
El pasado 22 de octubre el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, hizo público un listado con las seis organizaciones de la sociedad civil palestina designadas oficialmente como "terroristas", entre las que se encuentran Al-Haq in Service of Man y Addameer Prisoner Supoort and Human Right Association, además de Bisan Center for Research ad Development, Defense for Children International-Palestine, Union of Agricultural Work Committees y Union of Palestinian Wome's Committees.
De acuerdo con Gantz, se trata de organizaciones cuya principal actividad consiste en "la destrucción de Israel", actuando de manera efectiva como brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)", considerado como terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron la decisión y la calificaron como "injusta" y "un ataque del Gobierno contra el movimiento internacional a favor de los derechos humanos".