De ellos, 6.000 millones de euros corresponden a ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), detalló durante su intervención en Madrid en el foro "Generación de Oportunidades", de Europa Press y McKinsey.
Sánchez ha señaló que el plan, que tiene previsto aprobar este martes su Gobierno, se extenderá del 1 de abril al 30 de junio de este año.
Entre las principales medidas está la bonificación con un mínimo de 20 céntimos de euro en la compra de cada litro de carburante tanto a particulares como a profesionales, de los cuales 15 los aportará el Estado y el resto las petroleras.
Esta medida fue avanzada el pasado viernes tras una larga reunión con el sector del transporte de mercancías por carretera, en el que un colectivo minoritario mantiene desde hace quince días una huelga en demanda de medidas, entre otras, para paliar el incremento de costes.
Otras medidas serán limitar la subida de los alquileres de viviendas al 2 %, incrementar un 15 % el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda para personas con rentas bajas, y extender el bono eléctrico social a otras 600.000 familias, con lo que llegará a casi dos millones de hogares.
En energía, Sánchez destacó la fijación de un tope para el precio del gas que se usa para generación eléctrica, sin detallar la cuantía, y una actualización del sistema de retribución para las renovables que supondrá una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros.
Estas medidas, subrayó, permitirán rebajar "significativamente" los precios de la electricidad "de forma inmediata".
Los precios ha aumentado considerablemente desde hace meses, alcanzando récords en el país, en las últimas semanas agudizado por los efectos en el coste de la energía tras la invasión rusa en Ucrania.
También se extenderá hasta el 30 de junio un mecanismo para reducir el "exceso de beneficios" en el mercado eléctrico.
El presidente también anunció un nuevo plan de ciberseguridad, con un presupuesto de 1.000 millones de euros, que fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G en “servicios imprescindibles” como el transporte, la energía o la sanidad.
Distintos sectores, como el transporte, el agrario y pesquero, sindicatos o asociaciones de consumidores, se han manifestado en España en demanda de ayudas para mitigar el encarecimiento del coste de la vida.