"Desde la convicción de que nuestros colegas estaban realizando tareas humanitarias con la neutralidad, independencia e imparcialidad con la que se deben realizar (...), se exige su inmediata liberación", declaró MSF en un comunicado.
Dos de los trabajadores, un conductor de ambulancia y una enfermera, fueron detenidos el pasado 27 de diciembre después de trasladar a un herido de bala en ambulancia, acusados de "estar implicados en una operación de exfiltración de un terrorista, de falsificar documentos de traslado, de darle una identidad falsa".
Otros dos empleados de MSF también fueron arrestados por separado y en un caso diferente los 19 y 20 de enero, acusados de "colaboración con el secesionismo".
MSF reiteró que siguió el proceso administrativo acordado con las autoridades (desde la formalización de este procedimiento en octubre de 2021 se han realizado 132 traslados de ambulancias sin ningún problema) y especificó que, como organización médica neutral e imparcial, ha prestado asistencia a pacientes heridos de ambos bandos, incluyendo a soldados del Ejército de Camerún.
Los trabajadores arrestados no sabían "quién era el paciente (un hombre de 27 años sin documento de identidad) ni su papel dentro del grupo separatista. Sólo sabían que era un herido que necesitaba asistencia urgente", explicó la ONG.
Las detenciones de los cuatro trabajadores ocasionaron que el pasado 29 de marzo MSF decidiera suspender sus actividades en la región.
Desde 2017 la región del Suroeste de Camerún está inmersa en la violencia por una crisis secesionista entre grupos armados separatistas anglófonos y las fuerzas armadas del Estado.
Aunque en Camerún el inglés y el francés son idiomas cooficiales y conviven junto a otras 250 lenguas nativas, el 20% de la población de Camerún es anglófona, una minoría que se siente marginada y asimilada por el gobierno central francófono desde hace décadas.
La actual crisis implica a las regiones del Noroeste y Suroeste del país y comenzó en 2016, con manifestaciones y huelgas de profesores y abogados que exigían un uso igualitario del inglés en los tribunales y colegios y una mayor representación en el Gobierno.
En 2017 se convirtió en un conflicto armado intensificado por la negativa del Gobierno del presidente Paul Biya, en el poder desde hace 39 años, a contemplar ningún tipo de reivindicación.
Según la ONU, más de 579.000 personas están desplazadas en las dos regiones por la violencia y las operaciones de los militares contra los grupos armados separatistas, a quienes ONG como Amnistía Internacional acusan de matar civiles y arrasar aldeas.