Un equipo de investigadores de AI confirmó que los soldados han instalado minas a la entrada de casas, en sus patios traseros e incluso cerca de los servicios, de algunas poblaciones del estado Kayah (también conocido como Kareni), donde actúan grupos armados opuestos a los militares.
"El uso de minas terrestres por parte del ejército de Myanmar es abominable y cruel", señala Matt Wells, director adjunto de respuesta a las crisis de AI, que ha documentado el uso en al menos 20 pueblos.
Los investigadores de la oenegé han entrevistado a supervivientes y familiares de víctimas mortales por la explosión de minas en varios asentamientos de este provincia, que hace frontera con Tailandia y donde los combates se han incrementado desde mayo.
Un número indeterminado de personas han perdido la vida o han resultado heridas por las minas colocadas por los militares, que generalmente son fabricadas por ellos mismos y usan principalmente dos tipos: una cuya explosión normalmente vuela el pie a la altura del tobillo y otra, de mayor potencia, que suele cercenar la pierna por la rodilla y puede causar daños en otras partes del cuerpo.
Birmania no se ha adherido a la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales de Naciones Unidas; y su Ejército es la única fuerza armada estatal que utilizó minas terrestres antipersona en 2020-21, según el grupo Landmine Monitor.
El Ejército de Birmania, que gobernó el país con puño de hierro entre 1962 a 2011 mediante una sucesión de dictaduras militares, es afamado por su brutalidad y ha sido acusado de cometer atrocidades y crímenes de guerra durante décadas de conflicto interno.
El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 puso fin a una década de incipiente democracia e impuso un régimen de violenta represión a la disidencia que ha exacerbado el conflicto armado en el país.
Al menos 2.092 civiles han sido asesinados a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que no cuenta los fallecidos durante enfrentamientos armados ni las víctimas mortales vinculadas al régimen militar.