En una nota conjunta de sus ministerios de Relaciones Exteriores, Argentina y Francia se dijeron comprometidas en continuar su lucha contra esta lacra, que afecta a todas las regiones del mundo.
"Esta aberrante práctica, que puede constituir crímenes de lesa humanidad, priva a los familiares de las personas desaparecidas de conocer el paradero y la verdad de lo ocurrido, son un obstáculo para la búsqueda de justicia y socavan la lucha contra la impunidad", señala la nota.
Para París y Buenos Aires, la Convención Internacional supone un paso decisivo en la lucha contra estas prácticas, al otorgarles una definición en el derecho internacional.
La Convención fue ratificada en agosto de 2021 por otros países, como Croacia, Dinamarca, Luxemburgo y Eslovenia, que se suman a las peticiones para que el resto de Estados que aún no lo han hecho firmen la Convención.
Además, piden que la Convención se aplique de forma "plena y efectiva" y alaban la labor del Comité de las Naciones Unidas dedicado a estos delitos para garantizar dicha aplicación.
Los países agradecen y destacan en el mismo comunicado la contribución de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, comprometidos en la lucha contra las desapariciones forzadas, "que desempeñan un papel indispensable para alertar y documentar estos hechos".