"Pareciera que, lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la nación", aseveró el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.
La Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó este martes excarcelar a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros del grupo Revolución Federal -conocido por sus escraches contra el Gobierno y amenazas a la vicepresidenta-, que habían sido arrestados, por decisión de un tribunal inferior, el 20 de octubre pasado.
La resolución que ordena su liberación detalló que "no existen riesgos procesales" que permitan mantener su privación de libertad, y reiteró que "no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos" que permitan conectar esta investigación con la del atentado que sufrió la vicepresidenta Fernández hace dos meses.
En ese sentido, el presidente criticó que dos miembros del tribunal que dictó la medida, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a él en 2018, "ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución", algo motivado, en su opinión, por una "maniobra ilegal" del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
"Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del expresidente Mauricio Macri, que ordena a los consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad", afirmó el jefe de Estado.
"La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura", agregó el mandatario, en referencia al órgano que administra los recursos del Poder Judicial y se encarga de nombrar, sancionar y remover jueces en Argentina.
El Gobierno de Alberto Fernández impulsó en 2020 una polémica reforma judicial para acabar con la presunta politización de los jueces, una iniciativa que hasta ahora no ha prosperado por falta de apoyos parlamentarios.