La ANP "condena en los términos más enérgicos el desplazamiento forzoso de Salah Hamouri de su ciudad natal, Jerusalén", informó el Ministerio de Exteriores palestino en un comunicado.
Su expulsión a Francia después de que el Ministerio del Interior israelí revocara su estatus de residente en la Ciudad Santa "es un paso indignante cometido por la ocupación ilegal" de Israel "que se suma a su larga lista de crímenes cometidos contra el pueblo palestino", agregó.
A su vez, aseguró que la deportación de Hamouri "sienta un precedente peligroso" y "es una continuación de la política arraigada de Israel de desplazamiento forzado iniciada hace 75 años".
Israel dice que el letrado -nacido y criado en Jerusalén- es un "agente" del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo que considera terrorista, mientras que la defensa y Hamouri lo niegan y aseguran que no hay pruebas que demuestren tal acusación.
"Hamouri y el resto de ciudadanos palestinos no deben lealtad a Israel, la potencia ocupante. Tienen derecho a la protección, no al desplazamiento", remarcó la Autoridad Palestina, que insta a la comunidad internacional y Francia "para que responsabilicen a Israel por sus crímenes en curso, incluida" la expulsión del letrado.
Hamouri, de 37 años, partió este domingo en un vuelo de la aerolínea israelí El AL a París, y su deportación llega dos semanas después de que Israel revocara su residencia en Jerusalén alegando "incumplimiento de lealtad".
La situación de este abogado de padre palestino y madre francesa generó la intervención tanto de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, así como del propio Gobierno de Francia.
El Estado francés ha rechazado la revocación de su residencia, y Amnistía Internacional ha afirmado que despojarle de la residencia del lugar donde nació viola las Convenciones de Ginebra y puede constituir un crimen de guerra al ocurrir en Jerusalén este, ocupado y anexionado unilateralmente por Israel.
Su caso pone de relieve la situación de la mayoría de palestinos de Jerusalén Este, donde pese a ser nativos de la urbe, no tienen ciudadanía, sino estatus de residencia. Israel les puede despojar de ella bajo distintas alegaciones, ya sea por consideraciones de seguridad o si encuentra que un palestino ha vivido fuera de la urbe de manera prolongada.