Las menciones a la libertad de expresión y la situación de los informadores forman parte de un texto más amplio en el que el PE pide que se restrinja el acceso de representantes de Marruecos a las sedes de la institución mientras dure la investigación por el escándalo de corrupción en el que presuntamente estaría involucrado este país, además de Catar y Mauritania.
Se trata de una "resolución histórica", señaló en un comunicado RSF, que recordó que ha "alertado de estos problemas a los parlamentarios europeos durante años".
"Hemos venido alertando a los eurodiputados durante años de la intimidación y el acoso judicial a los periodistas marroquíes", señaló el secretario general de RSF, Christophe Deloire, en el texto.
"Con esta resolución histórica, el Parlamento Europeo ha puesto fin a la desafortunada tendencia de eximir a Marruecos de cualquier comentario sobre las violaciones de la libertad de prensa y de los derechos humanos. Mejor tarde que nunca", afirmó Deloire.
RSF destacó especialmente el caso de Omar Radi, ganador en 2022 del premio de la organización a la Libertad de Prensa, que fue detenido en julio de 2020 y condenado en apelación en marzo de 2022 a seis años de cárcel por "acusaciones falsas" de espionaje y violación.
La organización recordó además los casos de Taoufik Bouachrine, editor de un diario que fue cerrado y condenado en 2019 a quince años de cárcel, y de Souleiman Raissouni, de la misma publicación, sentenciado a cinco años en 2022. En ambos casos se produjo un "uso indebido de acusaciones de índole sexual", recalcó RSF.
La resolución del PE pidió que todos reciban un "juicio justo", su puesta en libertad provisional y el fin del acaso contra los periodistas, sus abogados y sus familias, recordó asimismo RSF.
El texto parlamentario también condena el uso del programa espía Pegasus contra informadores marroquíes y extranjeros, y pide a Marruecos que ponga fin a su "vigilancia sobre los periodistas".