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“El caso es complejo, pero creo que tenemos que hacerlo mejor”, dijo Khan en una conferencia de prensa en Dacca, un día después de visitar los campamentos de rohinyá en Cox's Bazar, en el sureste del país, habitados por casi un millón de refugiados.
La investigación autorizada por la CPI en 2019 se refiere a dos oleadas de brutales operaciones militares del Ejército birmano en 2016 y 2017, en las que miles de civiles fueron asesinados y más de 800.000 rohinyás huyeron a Bangladesh.
“Creo que mientras ampliamos y recopilamos" evidencias "las personas están en condiciones terribles y se están produciendo otros incidentes en Myanmar", lamentó el fiscal, que concluyó hoy una visita de cuatro días para recoger testimonios sobre la investigación de la CPI.
Aunque Birmania no es miembro del Estatuto de Roma, y por lo tanto el tribunal no tendría jurisdicción en el país, los jueces autorizaron la investigación bajo la sospecha de que al menos una parte de los crímenes fueron cometidos en Bangladesh, que sí forma parte de la carta fundacional de este tribunal con sede en La Haya.
“Cada situación es diferente", explicó el fiscal, que comparó la investigación con la de la invasión en Ucrania, donde en un año lograron presentar pruebas suficientes para que los jueves emitieran una orden.
La diferencia es que "yo tengo acceso a Ucrania, pero no tengo acceso a Myanmar", dijo.
Para avanzar “tenemos que obtener la verdad sobre quién es responsable de los muchos crímenes que obviamente se están cometiendo”, agregó.
Khan encabezó una delegación de la CPI que habló por separado con varias víctimas y testigos rohinyá como parte de su investigación. Además se reunió con la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y el ministro de Relaciones Exteriores, AK Abdul Momen, entre otros responsables.
La CPI ordenó a Birmania en enero de 2020 que detuviera el posible genocidio contra esta minoría y concedió una serie de medidas de emergencia solicitadas por Gambia en la demanda que presentó en 2019 con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica, formada por 57 países.
Birmania no usa el término rohinyá ni tampoco los reconoce como sus ciudadanos, argumentando que son inmigrantes ilegales.