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El informe, que cubre el periodo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, documenta casos en 29 de las 34 provincias afganas, y cerca de la mitad de ellos son torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Son desgarradores los testimonios de palizas, electrocuciones, ahogamientos y otras formas de maltrato, junto a amenazas a los detenidos y a sus familias”, destacó en un comunicado, con ocasión de la publicación del informe, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
Con el fin de extraer confesiones, los detenidos fueron sometidos a otras torturas dolorosas como la ingestión forzada de agua o la obligación de aguantar en posturas dolorosas, señala el documento.
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La mayor parte de los casos fueron denunciadas por personas detenidas por fuerzas del Ministerio del Interior del gobierno talibán y también por su servicio de inteligencia (GDI), siendo menos frecuentes las documentadas en prisiones afganas.
El informe subraya que las autoridades afganas han emitido códigos de conducta durante las detenciones para reducir estos abusos, pero que estas medidas “no se siguen lo suficiente en la práctica”.