En la denuncia presentada por Castro, diputada de la Cámara de Representantes del Congreso filipino, ante un tribunal de Quezon City (Manila), la legisladora alega que "las graves amenazas del demandado Duterte, y el hecho de que sigan propagándose incluso hasta hoy, representan peligro para mi vida, mi libertad y mi seguridad".
La querella de la legisladora se produce tras la entrevista que Rodrigo Duterte concedió al canal SMNI el pasado 10 de octubre, en la que el ex jefe de Estado filipino mencionó el nombre de Castro mientras se jactaba de "querer matar a los comunistas" y los políticos que él considera simpatizan con esta ideología.
El senador y exjefe de la Policía Nacional Bato dela Rosa, firme aliado de Duterte y uno de los arquitectos de la sangrienta guerra contra las drogas durante su mandato, defendió al expresidente tres días después aduciendo que Duterte no quería amenazar a nadie de muerte, utilizando estos términos en "sentido figurado".
Tanto Duterte como Dela Rosa están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes contra la humanidad por la cruenta guerra contra las drogas emprendida durante el mandato del expresidente filipino (2016-2022), que segó la vida de alrededor de 30.000 personas según varias oenegés.