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"Esperamos que el Ministerio responda con datos exactos sobre los plazos en los que pretende regularizar esta situación y romper definitivamente con el trabajo precario (…) el Ministerio nos promete cada semana reanudar las reuniones pero no se ha hecho nada", explicó el coordinador nacional de profesores suplentes, Malek Ayari, en una entrevista a la radio local Jawhara FM.
La "política de procrastinación" por parte del departamento de Educación, precisó, se traduce en profesionales que llevan más de una década trabajando sin contrato ni cobertura social, miles de ellos tienen nominas pendientes de pago desde hace años y muchos ni siquiera aparecen en la base de datos oficial del personal docente.
"740 docentes tienen cuotas sin pagar desde 2019, 9.500 suplentes no han recibido su salario del mes de junio y 4.500 sustituciones puntuales no han sido abonadas", denunció el responsable.
El presidenta Kais Said, que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 "para preservar" la paz social, lanzó en octubre una encuesta digital sobre la reforma del sistema educativo que durará tres meses con el fin de reunir las propuestas de los tunecinos en torno a la educación pública y rectificar las "fallidas" reformas realizadas desde la independencia del país en 1956.
En el último año, el Ejecutivo y la Federación General de Educación Primaria- perteneciente a la poderosa central sindical UGTT- han llevado a cabo un pulso después de que los docentes se negaran a entregar las calificaciones de los alumnos como protesta para exigir mejoras salariales y el Ministerio de Educación despidiese a 350 directores de colegios y retirase un mes de sueldo a 17.000 profesores que participaron en esta movilización.
Desde el inicio de la transición democrática en 2011, las huelgas en el sector educativo son recurrentes y una decena de Gobiernos se han sucedido por lo que los profesores denuncian la precariedad económica debido a los contratos temporales- con un sueldo inferior al de los titulares, que cobran una media de 400 euros-, la falta de recursos y la degradación de las infraestructuras.
Según un informe del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), entre 2010 y 2020 cerca de un millón de alumnos- de una población de doce millones- ha abandonado sus estudios obligatorios y sólo el año pasado esta cifra alcanzó los cerca de 110.000 estudiantes.