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Este martes, en un comunicado, las Fuerzas Armadas sudanesas, acusaron a la Unión Europea (UE) de "falta de sentido de la justicia" al comparar ambas facciones y "esconderse detrás del pretexto de la neutralidad".
La lista de afectados por esa medida europea incluye a seis entidades "responsables de apoyar actividades que socavan la estabilidad y la transición política de Sudán", según el Consejo, a consecuencia de "la gravedad de la situación en el país".
Entre los sancionados se encuentran dos empresas involucradas en la fabricación de armas y vehículos para las Fuerzas Armadas, Defense Industries System y SMT Engineering; así como la Zadna International Company for Investment Limited, también bajo su control.
La lista concluye con tres empresas que participan en la adquisición de equipo militar para las FAR, Al Junaid Multi Activity Co Ltd, Tradive General Trading y GSK Advance Company Ltd.
Según Europa, estas entidades estarán sujetas a "congelaciones de activos" y quedarán prohibidos la provisión de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a ellos o en su beneficio".
El ejército aseguró que esta decisión "no ayudará a lograr la paz", sino que "recompensará al agresor, hará la vista gorda ante sus violaciones y menospreciará a las víctimas".
"El derecho y el deber de defender el país exigen que las fuerzas armadas se esfuercen por lograr un equipamiento defensivo suficiente, y todas las leyes garantizan el derecho a la legítima defensa", añadió.
El conflicto entre el Ejército de Sudán y las FAR estalló el pasado 15 de abril por las tensiones sobre la reforma del Ejército y la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, en medio un proceso político para encauzar de nuevo el país en la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021.
Desde entonces, según estimaciones de Naciones Unidas, han muerto alrededor de 13.000 personas y hay 7,6 millones de refugiados y desplazados.