Desde el 22 de enero, según datos de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA), 754 familias (unas 2.462 personas) se encuentran confinadas en varias zonas rurales de Segovia, en el departamento de Antioquia, por los enfrentamientos en esta zona donde hay presencia del Clan del Golfo, el principal criminal del país, y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.
"Las familias confinadas están viviendo un ciclo de zozobra y temor permanente, sin poder moverse libremente y sin acceder a servicios o bienes básicos como alimentación, educación o salud" denunció este lunes Giovanni Rizzo, director país del Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés), citado en un comunicado.
Estas comunidades, entre las que está incluido un resguardo indígena, cuentan con restricciones al acceso de alimentos, combustible y gas natural, y sus habitantes tienen limitaciones para ejercer las actividades que les dan sustento económico, como la minería y la explotación de madera.
Además, también se han visto expuestos a amenazas, desapariciones, retenciones ilegales y otras violaciones de derechos humanos, según la OCHA.
La situación en este municipio, azotado por el conflicto por su riqueza minera y por ser un corredor tanto hacia el Pacífico como al Caribe colombiano, no es "un hecho aislado", apuntó el NRC, ya que el confinamiento forzado registró un récord histórico en 2023 "y no hay indicios de disminución en 2024", lamentó Rizzo.
"Reiteramos nuestro llamado para que todas las partes del conflicto acuerden poner fin a estas prácticas y respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH)", agregó el director país de la ONG noruega.
La zona de Segovia, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), solo en 2023 vivió 7 eventos masivos, 6 desplazamientos y 1 confinamiento, siendo la zona más afectada del departamento de Antioquia.
Colombia permanece en el top 5 de los países con mayor número de desplazados en el mundo, con un total de 4,8 millones de personas.