"Desde hace 30 años, el este de nuestro país es víctima de conflictos armados recurrentes, a menudo orquestados por Estados extranjeros que, en ocasiones, se benefician de la complicidad de algunos de nuestros compatriotas", señaló la ministra de Justicia congoleña, Rose Mutombo, en un comunicado recogido por los medios locales este viernes.
"Tanto el pueblo como la República han pagado un alto precio por estos actos de traición o de espionaje", añadió.
Según dijo, el restablecimiento de la pena de muerte busca terminar con la impunidad por ese tipo de delitos, además de luchar contra "el fenómeno de bandidos de gran crueldad" que se "ha constatado" en "la mayoría de nuestros grandes centros urbanos".
Mutombo defendió que la moratoria de la pena de muerte a menudo era identificada "como una garantía de impunidad".
Desde 2003 la pena de muerte no se ha aplicado en la RDC pese a que es un castigo que en ocasiones los jueces imponen, pero se conmuta sistemáticamente por la cadena perpetua.
Amnistía Internacional (AI) condenó esta decisión, que describió como "un grave paso atrás y una señal más del alarmante retroceso del Gobierno de (el presidente de la RDC, Félix) Tshisekedi en materia de derechos humanos".
El M23 reactivó sus combates el pasado 1 de octubre, después de meses de calma relativa.
Desde entonces, ha avanzado por varios frentes hasta situarse a unos 20 kilómetros de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, que ocupó durante diez días en 2012, antes de retirarse por la presión de la comunidad internacional.
Los insurgentes han tomado el control de las carreteras principales que unen el resto del país con esa estratégica ciudad, de más de un millón de habitantes y base de numerosas ONG internacionales e instituciones de la ONU.
La ONU ha confirmado la cooperación de Ruanda con el M23, pero Kigali niega ese extremo.
A su vez, Ruanda y el M23 acusan al Ejército congoleño de cooperar con las rebeldes Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), fundadas en 2000 por cabecillas del genocidio de 1994, y otros ruandeses (hutus) exiliados en RDC para recuperar el poder político en su país.
Esa colaboración también ha sido confirmada por la ONU.
Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).