La Supersalud notificó la intervención a Sanitas, la segunda mayor EPS del país.
Estas son las entidades privadas que se encargan de proveer la salud a todos los colombianos, ya sean trabajadores contribuyentes o subsidiados, y reciben su financiación a través del Estado y de las contribuciones de los asalariados.
Esta empresa, perteneciente al grupo español Keralty, que cuenta con 5,7 millones de afiliados en Colombia, acumula una crisis económica con deudas acumuladas de 2,3 billones de pesos (casi 600 millones de dólares o más de 550 millones de euros).
Esta intervención se produce en un momento en que la reforma a la salud presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que pretende una remodelación del sistema quitándole gran peso a las EPS, está a poco de hundirse por la oposición presentada por la mayoría de partidos políticos en el Congreso.
Crisis en el sistema sanitario
En julio del año pasado, tanto Sanitas como las otras dos grandes EPS, Sura y Compensar, le enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en la que alertaban que el sector atravesaba una crisis financiera, denunciando que estaban desfinanciadas y que el Gobierno les adeudaba servicios.
Por contra, el Gobierno le pidió en noviembre a la Contraloría (tribunal de cuentas) levantar el velo corporativo a Sanitas para hacer una verificación de los indicadores financieros que consideraba que esa compañía está incumpliendo.
"Sanitas aparece como la pobrecita que no tiene nada que comer pero encontramos que mientras crecen sus utilidades y tienen más activos, bajan el capital mínimo, no tiene el patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas", señaló el ministro de Salud entonces.
En este sentido, Jaramillo reiteró que desde el Ministerio quieren saber donde van a parar las transferencias de estas utilidades y quién se está aprovechando en última instancia.
Con respecto a la deuda que Sanitas demanda al Gobierno colombiano, Jaramillo señaló en noviembre que el único pago pendiente es del 2022 y les corresponde 90.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares), para lo que se encuentran haciendo "un crédito público".