El 8 de abril "fue un paso muy importante en la historia del País Vasco y en términos de seguridad un avance muy importante", subrayó Fekl durante el juicio en París a dos activistas de los Artesanos de la Paz, que habían sido detenidos en diciembre de 2016 con una parte del arsenal de ETA que habían trasladado a una casa de la localidad vascofrancesa de Louhossoa.
El exministro señaló que, en caso de no haber sido entregados, las armas y explosivos que todavía estaban entonces en manos de la banda terrorista "podrían haber caído en muy malas manos", como en las de "terroristas islamistas", o en las de grupos de delincuencia común.
Eso se pudo evitar por la "voluntad" de su Gobierno, de "la autoridad judicial" y también de "la sociedad civil del País Vasco", según sus explicaciones.
El que fuera responsable de Interior en el último Gobierno de la presidencia del socialista François Hollande insistió en que respetar las competencias del poder judicial en esa operación "era la obsesión del (entonces) primer ministro", Bernard Cazeneuve.
El acuerdo tácito con la Justicia lo fraguó Éric Morvan, el entonces prefecto del departamento de los Pirineos Atlánticos (delegado del Gobierno), que este martes también declaró como testigo ante el Tribunal Correccional de París en el que se sientan en el banquillo Jean-Noël Etcheverry y Béatrice Molle.
Morvan, que más tarde sería director general de la Policía Nacional, contó que cuando Etcheverry se puso en contacto con él en marzo de 2017 para hablarle de sus planes de una entrega del arsenal de ETA, se lo comunicó a Cazeneuve que le dio su visto bueno, pero con una consigna clara: "Nada debía producirse sin que la autoridad judicial estuviera informada de forma continua".
Siguiendo esas instrucciones, se puso en contacto con la Fiscalía de Bayona, que a su vez hizo lo mismo con la Fiscalía Antiterrorista en París, que le dio autorización para dar garantías a los Artesanos de la Paz de que las personas que iban participar en el traslado y la entrega de armas no serían detenidas ni perseguidas judicialmente.
Morvan, que hizo hicapié en que eso no se plasmó en ningún momento por escrito, ni en documentos, ni en correos, ni en mensajes por teléfono, estimó que al final "el 8 de abril las cosas sucedieron como todos esperábamos".
Etcheverry, que está encausado por el alijo de armas y explosivos que la policía encontró el 16 de diciembre de 2016 en la casa de Molle en Louhossoa donde lo habían reunido, según su versión para proceder a su "neutralización", afirmó por su parte que el Gobierno francés se negó a llevar a cabo una operación de aprehensión de material militar de ETA para no abortar la del 8 de abril.
Las fuerzas del orden españolas habían identificado dos escondites de la banda terrorista donde se encontraba ese material y pocos días antes de ese 8 de abril lo comunicaron a la policía francesa para requisarlo, de acuerdo con su relato.
Sin embargo, siempre según Etcheverry, las autoridades francesas decidieron que no iban a intervenir para no poner en peligro la entrega que ya estaba organizada.
En febrero y en abril de 2018 se produjeron dos entregas más de material militar de ETA, de nuevo con intermediación de los Artesanos de la Paz, "lo que luego permitió la disolución de ETA".
Etcheverry afirmó que Francia dijo que no intervenía para no poner en peligro la entrega organizada y aseguró con ello permitió la neutralización del arsenal, "lo que luego permitió la disolución de ETA".
El juicio finalizará este miércoles, que es cuando se conocerá la petición fiscal contra los dos activistas de los Artesanos de la Paz, que podrían teóricamente ser condenados a entre siete y diez años de cárcel.