Piden decomiso definitivo de 197 bienes de origen ilícito de exjefe policial de Honduras

La petición fue presentada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, y abarca 169 vehículos, varios lotes de terreno y viviendas, 22 productos financieros y 3 sociedades mercantiles, indicó el organismo en un comunicado.

Agregó que Barralaga "no ha podido justificar el origen de 197 bienes y más de 277 millones de lempiras (11,2 millones de dólares) movidos en sus diferentes cuentas bancarias".

El Ministerio Público presentó en julio de 2017 un requerimiento fiscal contra Barralaga, su esposa, Reyna Elizabeth Ayala, y la hondureña Montse Paola Fraga, esposa de Wilter Blanco Ruiz, hondureño condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas.

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Blanco Ruiz, quien fue extraditado a EE.UU. en 2017 desde Costa Rica, donde fue capturado en 2016, encabezaba el Cartel del Atlántico y supuestamente lideró en septiembre de 2014 un plan para asesinar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y al embajador estadounidense en Tegucigalpa,James Nealon.

Barralaga y Fraga fueron condenados en marzo de 2021 a 10 años y 6 meses de cárcel por lavado de activos por un tribunal que, además, le ordenó al primero de ellos pagar una multa por 4,6 millones de dólares.

No obstante, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó la semana pasada un sobreseimiento definitivo a favor de Barralaga y Fraga tras resolver los recursos de casación presentados por su defensa, señaló.

Barralaga fue dado da baja de la institución en 2011 al estar involucrado en la fuga de 4 policías condenados 2 años después por el asesinato de 2 universitarios el 22 de octubre de ese año, uno de ellos hijo de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos.

Su hijo Jorge Barralaga Rivera fue condenado en 2021 a 8 años y 6 meses de prisión y su nuera, Carmen Alejandra Sarmiento, a 4 años y 6 meses de cárcel, por lavado de activos.

Barralaga Rivera y Sarmiento se sometieron a un procedimiento abreviado en el que aceptaron "haber utilizado sus empresas para cometer este delito (lavado de activos)", enfatizó el Ministerio Público.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron en 2017 la operación Perseo, en la que aseguraron viviendas, empresas de transporte, hoteles, restaurantes y una estación de gasolina, más otros bienes, vinculados a los imputados.