Cargando...
Así lo señaló Amaral en una entrevista con radio Renascença, donde admitió estar "profundamente preocupada" y perpleja por este proceso.
"Tenemos que pensar de forma madura, como país, ¿Cómo hemos llegado aquí?", se preguntó la defensora del pueblo.
"Todo indica que en este caso hubo -indicó Amaral-, como demuestra la redacción de la resolución del Tribunal de Apelaciones, un craso error del Ministerio Público con consecuencias que están a la vista de todos y que son de una magnitud de la que es imposible no darse cuenta o ignorar".
Unite al canal de ABC en WhatsApp
La defensora del pueblo sostuvo que si hay sospechas contra el ex primer ministro deben ser "resueltas, confirmadas o negadas", porque son una mancha para todos los portugueses y para el Estado luso.
La responsable subrayó que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley", lo que, recordó, es un "dato indiscutible", ya que está reflejado en al artículo 13 de la Constitución y en "todos los tratados internacionales".
Asimismo, advirtió de que todos los ciudadanos "deben ser tratados con igual consideración y respeto".
"Así como no hay poderes ilimitados ni sin control, tampoco hay ciudadanos fuera del escrutinio o que puedan hacer lo que les apetece por el hecho de ser quienes son", agregó Amaral.
Se han cumplido más de cinco meses medio desde que Costa dimitiera tras el anuncio de la Fiscalía lusa de que lo investigaba por presuntas irregularidades, sin que el ya exjefe de Gobierno haya sido citado, imputado o sepa de qué es sospechoso.
Como fruto de esa operación fueron detenidas cinco personas, entre ellas el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escaria -que tenía más de 75.000 euros escondidos en su despacho- y su amigo y padrino de boda, Diogo Lacerda Machado.
Sin embargo, días después fueron dejados en libertad por un juez de instrucción que concluyó que no había indicios de corrupción ni de prevaricación, aunque mantuvo delitos menores como tráfico de influencias. La fiscalía recurrió después las medidas cautelares.
El pasado 17 de abril, el Tribunal de Apelación de Lisboa rechazó el recurso del Ministerio Público, al tiempo que señaló no haber apreciado indicios de tráfico de influencias en la bautizada como 'Operación Influencer'.