AI denuncia "severas restricciones" a la libertad de prensa en África oriental y austral

"Manifestarse en contra de las políticas, acciones u omisiones del Gobierno, someterlas a escrutinio o compartir públicamente información considerada perjudicial conllevaba el riesgo de detención, reclusión arbitraria o muerte", manifestó en un comunicado el director regional de AI para África oriental y austral, Tigere Chagutah.

La organización pro derechos humanos ha documentado intimidación, hostigamiento y detención generalizados de periodistas en países de estas regiones.

También ha registrado "un aumento de las interrupciones intencionadas de la conexión a internet y la promulgación de duras leyes destinadas a silenciar a los medios de comunicación y controlar la difusión de información".

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AI condenó el uso por parte de las autoridades de leyes de seguridad nacional, "incluida legislación antiterrorista y de ciberseguridad", para "socavar el derecho a la libertad de expresión, castigar a periodistas y reprimir la libertad de los medios".

Citó algunos ejemplos, como el asesinato de João Fernando Chamusse, director del periódico Ponto por Ponto y comentarista en TV Sucesso, en diciembre de 2023 en su casa de Maputo (Mozambique), donde los periodistas sufren habitualmente intimidación, acoso, amenazas de muerte y otras formas de violencia.

En Lesoto, el periodista de investigación Ralikonelo Joki, conocido como "Leqhashasha", fue víctima de una emboscada y recibió un disparo mortal frente al estudio de 'Tšenolo FM', en Maseru, en mayo de 2023.

En Madagascar, periodistas se han "autocensurado" por miedo a represalias, mientras que en Zimbabue las autoridades prohibieron a dos informadores cubrir actos gubernamentales.

En Sudán del Sur, AI ha documentado intimidación, hostigamiento y censura a periodistas, incluidos casos en los que agentes de seguridad retiraron artículos considerados críticos con el Gobierno de transición o confiscaron acreditaciones.

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) "continuaron sus incesantes ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa", según AI.

Durante 2023, cerraron arbitrariamente una decena de medios de comunicación y programas, bajo acusaciones que iban desde "difusión de rumores falsos" hasta "incitación a la rebelión contra las autoridades establecidas" y "difamación", añadió.

Además, el periodista Stanis Bujakera fue procesado y condenado a seis meses de prisión por "difusión de rumores falsos" y "falsificación", tras la publicación de un artículo que implicaba a los servicios de seguridad en el asesinato del político Chérubin Okende.

En Zambia, Malaui y Etiopía, así como en la RDC, otros periodistas fueron detenidos y acusados de diferentes cuestiones como publicar noticias "susceptibles de causar miedo y alarma".

En Burundi, la periodista Floriane Irangabiye cumple una condena de diez años de prisión por realizar comentarios críticos sobre el Gobierno en un programa de radio.

Chagutah urgió a las autoridades de esos países a "poner en libertad a los periodistas detenidos ilegalmente, dejar de atacar a la prensa por el mero hecho de hacer su trabajo y poner fin al uso indebido del sistema de justicia para silenciar a periodistas y críticos".