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Los firmantes del documento denuncian que, más allá de las demoras, la ruptura del secreto judicial y los abusos con el uso de medidas restrictivas, el país ha llegado al "límite penoso" de ver cómo la acción de la Fiscalía ha generado la caída de dos mayorías parlamentarias resultantes de elecciones recientes.
En concreto, el texto se refiere a la caída del Gobierno socialista de Costa y del Ejecutivo autónomo de Madeira, liderado por Miguel Albuquerque, del conservador Partido Social Demócrata (PSD); ambos salpicados por casos de corrupción y otros delitos.
En ese sentido, el manifiesto recuerda que, tras la intervención del Ministerio Público, los tribunales no han podido probar e incluso han contrariado "la narrativa del acusador", en alusión la Fiscalía.
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Los firmantes agregaron que "para agravar la situación" el país ha sido testigo de "lo inconcebible", ya que pasados cinco meses entre la dimisión de Costa y su cese de funciones el pasado 2 de abril, la Fiscalía ni se "ha dignado" a informarle sobre el objeto de la investigación contra él ni ha llevado a cabo diligencias procesales.
"Aparte de constituir una injerencia indebida en el poder político, estos episodios tampoco cumplen los requisitos del Estado de Derecho democrático", advirtieron.
Asimismo, lamentaron que, pese a la "gravedad de lo sucedido y la crítica pública generalizada, no ha habido ninguna "consecuencia interna" en el desarrollo de las investigaciones o en los actos procesales que de ellas derivan "debido al funcionamiento y una cultura de perfil corporativo que manifiestamente predomina en el Ministerio Público".
El documento destaca que la Justicia funciona "casi completamente" sin escrutinio o responsabilidad democrática, pese a ser administrada constitucionalmente en nombre del pueblo.
"El sentimiento de impunidad que la ineficacia del sistema ya transmite por sí solo ante la sociedad se agrava así por el déficit de los mecanismos de evaluación interna existentes y la falta de mecanismos de escrutinio externo independiente del aparato judicial", remarca.
Por ello, las personalidades instaron al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al Parlamento y al Gobierno, así como a todos los partidos, a que adopten las medidas necesarias para reformar la Justicia y "resolver los cuellos de botella y las disfunciones que durante mucho tiempo han socavado su eficacia y legitimidad pública".
Entre los firmantes figuran tres exjefes del Parlamento, como los socialistas Augusto Santos Silva y Eduardo Ferro Rodrigues, y João Bosco Mota Amaral, del PSD, así como el expresidente del Tribunal Constitucional João Caupers y los exministros de Educación David Justino y Maria de Lurdes Rodrigues, entre otros.