Costa, el primer ministro portugués que dimitió sin saber aún de qué es sospechoso

El 7 de noviembre de 2023 Costa renunciaba al cargo, tras más de ocho años en el poder, después de que el Ministerio Público revelara que lo estaba investigando en un caso, bautizado como 'Operación Influencer', de supuesta corrupción, entre otros delitos, relacionado con negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos.

Esa fecha la Fiscalía emitió un comunicado en el que informaba de una gran operación, en la que se registraron 42 lugares y que se saldó con cinco detenidos, algunos de ellos del entorno de Costa, como su jefe de gabinete Vítor Escaria -que tenía más de 75.000 euros escondidos en su despacho- y su amigo y padrino de boda, Diogo Lacerda Machado.

Fueron las cinco últimas líneas de ese comunicado las que precipitaron la dimisión de Costa: "En el curso de las investigaciones surgió, además, el conocimiento de la invocación por parte de los sospechosos del nombre y la autoridad del primer ministro, y de su intervención para desbloquear procedimientos en el contexto referido", dijo la Fiscalía.

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"Tales referencias serán analizadas de forma autónoma en el ámbito de la investigación instaurada en el Tribunal Supremo de Justicia por ser ese el foro competente", terminaba la nota.

Costa dimitió pero siempre ha defendido que no cometió ningún acto ilícito, la última vez el viernes pasado en una entrevista con la cadena TVI en la que dijo tener "la conciencia tranquila" porque sabe cómo será "el último episodio de la serie".

Y evocó el día de su renuncia en el que asegura que se sintió como si hubiera sido atropellado por un tren y hubiera sobrevivido.

Su dimisión provocó la convocatoria de elecciones anticipadas, el pasado 10 de marzo, que ganó la coalición de centroderecha Alianza Democrática (AD), liderada por Luís Montenegro.

Desde entonces, el Ministerio Público no ha vuelto a hablar de las posibles sospechas contra Costa ni lo ha llamado para declarar, hasta el punto de que el ahora ex primer ministro declaró a los periodistas el día que cedió el cargo a Montenegro, el pasado 2 de abril, que había solicitado comparecer ante la Fiscalía para ser escuchado.

Por ello, las críticas han arreciado desde los distintos estamentos políticos contra la fiscal general del país, Lucília Gago, quien ha señalado que no continuará durante un segundo mandato a partir de octubre, porque tiene "edad y condiciones" para jubilarse.

No ayuda mucho que a los días de emitir su comunicado se descubriera que la Fiscalía se había equivocado al transcribir una de las escuchas que había hecho y que había confundido al primer ministro con el entonces titular de Economía, António Costa Silva.

En paralelo, las sospechas contra los cinco detenidos de la operación se han ido desinflando.

Al poco de su arresto fueron dejados en libertad por un juez de instrucción que concluyó que no había indicios de corrupción ni de prevaricación, aunque mantuvo delitos menores como tráfico de influencias. La Fiscalía recurrió después las medidas cautelares.

Sin embargo, el pasado 17 de abril, el Tribunal de Apelación de Lisboa rechazó el recurso del Ministerio Público, al tiempo que señaló no haber apreciado indicios de tráfico de influencias en la 'Operación Influencer'.

Tras esa decisión parece que el caso contra Costa cada vez pierde más fuerza, hasta el punto de que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, está convencido de que el socialista puede lograr su aspiración de convertirse en presidente del Consejo Europeo, porque cree que el proceso irá ahora "más fácil, más rápido", dijo en una cena reciente con corresponsales extranjeros.

Costa se mostró más cauto en su entrevista con la TVI y afirmó que con un proceso pendiente es difícil su marcha al Consejo Europeo porque "los tiempos de la Justicia son los tiempos de la Justicia".

Sea como fuere, el ex primer ministro aseguró que no le gusta mirar el pasado y que ahora anda en busca de una actividad profesional, de ahí que haya vuelto a la universidad para estudiar un curso de posgrado sobre contenciosos contractuales, mediación y arbitrajes.