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Por decisión unánime, el Cuatro Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decidió absolver a la pareja, imputados formalmente en 2019 como presuntos autores de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, por los que la Fiscalía pedía hasta 15 años de cárcel.
“Se ha restablecido el imperio del derecho, que de alguna manera se encontraba seriamente lesionado por el órgano persecutor", dijo a la salida del tribunal Fuente-Alba, máximo cargo en el Ejército (cuerpo militar de tierra) entre 2010 y 2014.
Según manifestó durante la audiencia la jueza Carolina Escandón, los informes de los peritos financieros resultaron insuficientes para ratificar la denuncia de la Fiscalía.
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"Quedó absolutamente acreditado que en la labor de la Fiscalía y de las policías no se indagó para nada la trayectoria patrimonial", indicó por su parte el abogado defensor, Miguel Chaves.
El abogado detalló que la Fiscalía pudo calcular el real patrimonio financiero de los investigados antes y después de que Fuente-Alba ocupara el máximo cargo en el Ejército, entre 2010 y 2014.
Según el Ministerio Público, la pareja habría desviado a sus cuentas personales fondos provenientes de los gastos reservados del Ejército y su patrimonio habría aumentado en un 280 % en solo 7 años, lo que no condice con sus ingresos formales.
Este caso forma parte de un hilo de corruptelas dentro del Ejército chileno que dejaron un desfalco del erario nacional de más de 9 millones de dólares y en el que están presuntamente implicados todos los líderes de la institución desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con excepción del comandante actual, Javier Iturriaga.
Los comandantes jefe que encabezaron la institución desde 1998 Ricardo Izurieta (fallecido), Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez, además de Fuente-Alba, han sido relacionados con alguna de las 50 aristas abiertas tras detectarse en 2015 el fraude y desviación de fondos.