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Urteaga manifestó a periodistas su preocupación porque, según dijo, la decisión del Poder Judicial revela que puede haber "un sesgo" detrás de algunas detenciones.
"Vemos con preocupación esto, porque se dictan detenciones preliminares sin los debidos sustentos. El día de ayer el juez ha declarado que no existían los requisitos necesarios para esta detención y seguramente seguirán las investigaciones", dijo.
Agregó que estas medidas podrían "tratarse incluso en algún momento de un sesgo", por lo que pidió "tomar las cosas con calma, con precaución, siempre teniendo en cuenta que las investigaciones tienen que continuar, pero cumpliéndose los requisitos".
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Al ser preguntada por quién estaría teniendo estos "sesgos" reiteró que ha sido el Poder Judicial el que evidenció que la detención del hermano de la gobernante se hizo sin un sustento.
"¿Cómo es que podemos, desde el Ministerio público, emitir una norma que no cumple con los requisitos? Creo que todos y todas tenemos que hacer esa reflexión de preocupación", acotó.
Urteaga también sostuvo que la presunta existencia de unos audios en los que el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, supuestamente presiona al coronel Harvey Colchado, exjefe del equipo policial anticorrupción, "no tiene mayor relevancia".
"Si es que alguien tiene algún audio, que lo demuestre y eso que se tenga que corroborar", replicó en relación a esa denuncia que hizo Colchado al presentarse este viernes ante una comisión del Congreso peruano.
El exjefe policial afirmó que Castañeda lo presionó para que cerrara el caso abierto al hermano de la mandataria, a cambio de un ascenso, y que existen audios que lo prueban.
Poco después de estas declaraciones, el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, aseguró que no existe "la mínima preocupación" de parte de Presidencia respecto a la difusión de algún audio que involucre a Castañeda puesto que, según dijo, la mandataria siempre ha actuado conforme a la ley.
Este viernes, La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial resolvió dejar en libertad a Nicanor Boluarte y a Castañeda por considerar que no existe riesgo de fuga ni de obstaculizar el proceso abierto en su contra, una semana después de su detención preliminar por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias.
Ambos, junto con otros implicados, fueron detenidos el 10 de mayo al estar investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros delitos en agravio del Estado, dentro de la denominada operación 'waykis en la sombra', que investiga una presunta red de tráfico de influencias.
Nicanor Boluarte afirmó en la audiencia que no es parte de ninguna organización criminal, mientras que Castañeda dijo que no hay ninguna prueba que lo relacione con la supuesta red.
El caso de 'waykis en la sombra' fue impulsado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que sostiene que los implicados forman parte de una red dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Gobierno en las regiones), en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.