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"Se le ha rechazado la extradición porque se encuentra tramitando tramitando un refugio", declaró el magistrado en un contacto con los medios locales.
La suspensión de la extradición ya fue notificada el pasado 30 de abril por la Embajada de Bolivia en Paraguay, que indicó que la Cancillería paraguaya "se encuentra tramitando su estatus de refugiado", por lo que el regreso de López Julio estará pendiente hasta "que sea resuelta" su solicitud.
Vargas está a cargo de uno de los casos que sigue al exministro del Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020) por la adquisición de artefactos antidisturbios, y que según el Gobierno de Luis Arce se utilizaron contra manifestantes civiles.
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La Fiscalía señaló que los artefactos que Bolivia recibió de Ecuador fueron 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance, 560 proyectiles de corto alcance y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, entre otros.
La Justicia boliviana inició a principios de mes el juicio por este caso, en el que también se acusa a Arturo Murillo y Roxana Lizárraga, exministros de Gobierno y Comunicación, respectivamente, por tráfico de armas e incumplimiento de deberes.
López Julio, junto a otras exautoridades del Gobierno interino y exjefes militares y de la Policía, afronta otras denuncias por la muerte de una veintena de civiles en 2019 en las llamadas masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto, ciudad vecina de La Paz.
El diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Sandro Ramírez dijo que "Paraguay debe ayudar a esclarecer" la situación de López Julio y "ayudar con su extradición".
Por su parte, Marcelo Pedrazas, legislador de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que es "poco probable que la Justicia de Paraguay" tome en serio las investigaciones que hay en Bolivia contra el exministro ya que en el país no hay procesos "imparciales e independientes".
Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Sobre el Gobierno interino de Áñez existen varias investigaciones abiertas para determinar las acciones en la crisis política y social de 2019, que según el Ejecutivo de Luis Arce fue un "golpe de Estado" contra Morales.