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Los principales responsables de la red criminal, que disponían de ramificaciones en muchas ciudades de España, eran quienes contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas.
Luego, una amplia red de colaboradores dotaba a ambas organizaciones de la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.
Ambas organizaciones contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación con el fin de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, que cobraban a entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera.
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Los implicados también aleccionaban a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo y les aportaban documentación falsa para simular que viajaban a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados tipo D e, incluso, gestionaban matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir más fácilmente la residencia o nacionalidad.
Cobraban entre 3.000 y 20.000 euros por persona, dependiendo del mecanismo utilizado para su regularización.